El Boletín Oficial del Estado del miércoles 30 de octubre de 2019 publica el informe de auditoría del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.
Un trabajo que ha auditado las cuentas anuales de 2018 que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Durante el desarrollo del trabajo, la publicación del BOE destaca que se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho que afecta a la imagen fiel de las cuentas anuales examinadas:
“Hasta el ejercicio actual no habían sido contabilizados los derechos pendientes de cobro derivados de los pagos indebidos de prestaciones por desempleo, ni en vía voluntaria ni en vía ejecutiva”.
El Organismo estima que el saldo global de dichos pagos indebidos, al cierre del ejercicio 2018, asciende a 590 millones de euros.
“En el ejercicio 2018 se han reconocido, por primera vez, derechos pendientes de cobro correspondientes a la vía ejecutiva, por importe de 136.344.759,15 euros, de acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social”, apunta el documento.
Sin embargo, a juicio del informe publicado en el BOE, “siguen sin estar contabilizados, ni verificados, los restantes derechos pendientes de cobro derivados de los pagos indebidos de prestaciones por desempleo, lo que supone una limitación al alcance en el trabajo realizado”.
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