Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
Para ello, proponía obligar a la Sociedad de Gestión de Activos porcedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado ‘banco malo’, a ceder su parque inmobiliario al Fondo Social de Viviendas. Por otro lado, promover la creación de un «registro de viviendas vacías y desocupadas» que actualmente son propiedad de los bancos, como paso previo a obligarlos también a colaborar con el mismo fondo «mediante la puesta a su disposición de sus viviendas desocupadas».
Por último, la iniciativa de Unidos Podemos pedía que «el Fondo Social de Vivienda se coordine y colabore con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda», algo que en la actualidad no sucede y que, según el grupo, es “de sentido común”.
La moción fue bloqueada por PP y PSOE. Los socialistas incluyeron una enmienda de sustitución proponiendo «promover la flexibilización de los requisitos de acceso al Fondo Social de Vivienda” y “promover los acuerdos con la Sareb y las entidades bancarias para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social”.
«Promover» frente a «obligar»: es la gran diferencia de las propuestas de PSOE y Unidos Podemos en la cuestión sobre si las Administraciones deben disponer del stock de viviendas vacías de la banca y del ‘banco malo’ de forma automática o mediante concesiones voluntarias de las propias entidades.
«Después de casi cuatro décadas desde la aprobación de la Carta Magna podemos afirmar que el acceso a una vivienda digna no ha sido una prioridad para los poderes públicos españoels», argumenta Podemos en su moción, insistiendo en que «la provisión de vivienda se ha dejado en manos del mercado y los bancos: desahucios sin alternativa habitacional (más de medio millón desde que estalló la crisis en 2007) al tiempo que España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas)».
La propuesta del PP, que también incluye una enmienda de sustitución, propone ayudas para que estos «grandes tenedores» puedan animarse a ceder sus viviendas a colectivos vulnerables. Plantea que la comisión de Fomento del Senado “inste al Gobierno a que el Plan Estatal de Vivienda recoja un programa de ayudas que posibilite a los grandes tenedores de vivienda ofrecer sus viviendas desocupadas a quienes sean objeto de desahucio judicial y se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
En este sentido, la formación morada y sus confluencias entienden «que no es necesario explicar la responsabilidad de las entidades financieras en la grave situación que viven muchas familias españolas”. Recuerdan las sentencias europeas «que declaran la ilegalidad de la normativa hipotecaria española” para expresar que “es hora de que los bancos asuman responsabilidades y obligaciones”.
“Existe una especial responsabilidad social corporativa de los grandes tenedores de vivienda con la crisis residencial de nuestro país”, destaca la moción, pidiendo que esa responsabilidad se traduzca en “la obligación de contribución con viviendas idóneas al Fondo Social de Vivienda”.
“Ni siquiera la Sareb, creado para gestionar los activos procedentes de la reestructuración bancaria, forma parte del Fondo Social de Vivienda”, insiste Podemos, “aunque así se lo haya pedido el Defensor del Pueblo ante su posición en el mercado inmobiliario como poseedor de miles de viviendas”.
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