Odón Elorza, diputado del PSOE
Se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Memoría Histórica y el Gobierno de Mariano Rajoy, según el PSOE, no ha hecho nada desde que llegó al poder. Así lo ha asegurado el diputado socialista Odón Elorza este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo, que ha recordado que en el estado democrático que es España “tenemos todavía al dictador enterrado en un altar presidiendo los restos de 33.700 víctimas” de la Guerra Civil.
“¿Es eso algo ejemplar? ¿Ayuda eso a la reconciliación? ¿Ayuda eso a aportar justicia, verdad, reparación a las víctimas de la represión y la dictadura?”, son algunas de las preguntas que Elorza ha hecho al ministro de Justicia Rafael Catalá. Y es que el socialista no entiende cómo “es posible que un dictador esté en un altar en este país” y que aún no se hayan tomado medidas como un ‘plan de exhumaciones’ o un banco de ADN para encontrar a desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Según el diputado del PSOE, el Gobierno ha dado la espalda a las más de 100.000 personas que hay en fosas comunes, que no tienen “ninguna ayuda del Estado”. “Llevan seis años de gobierno y no han colaborado en la apertura de ninguna fosa en España. De ninguna”, ha denunciado Elorza, que ha acusado el Ejecutivo de practicar “el olvido” y “el desprecio”.
De ahí que haya rogado al Gobierno de Mariano Rajoy que “cumpla con su obligación, que destine fondos, que financie la apertura de fosas, que recupere la dignidad de las víctimas, que se ayude a las familias y que se acabe con situación del Valle de los Caídos”. “Cumplan la ley y las recomendaciones de Naciones Unidas, que no la están cumpliendo”, ha continuado el diputado, que ha afirmado que los populares “están instalados en el nacionalcatolicismo”.
El ministro de Justicia, por su parte, ha reprochado a los socialistas estar “empeñados en decir que no se hace nada en esta materia porque no ven en la Ley de Presupuestos una partida específica para ello”, lo que es “una falacia absoluta”. Asimismo, Rafael Catalá ha sostenido que la retirada de símbolos franquistas es “una actividad continuada, permanente, que corresponde a las administraciones públicas”, también de los ayuntamientos.
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