Vicente Guilarte ha remitido hoy a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En su opinión, los nombramientos deben seguir “residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional”.
En relación con las manifestaciones realizadas ayer por el presidente del Gobierno, Guilarte le da la bienvenida al “círculo” de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad. Sin embargo, advierte de que los nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 CE”.
Tras esto, añade que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”.
En este sentido, recuerda que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia y señala que “no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas”.
“Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente”, asegura, “es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”.
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