El PP propone bajar el IRPF a todos los ciudadanos y derogar la Ley de Memoria Histórica

El PP ha desvelado este lunes el programa electoral con el que concurre a las generales del próximo 28 de abril. Un documento de poco más de 100 páginas con 500 medidas entre las que los populares proponen, por ejemplo, una rebaja fiscal del IRPF para “todos los contribuyentes”, situando el tipo máximo por debajo del 40%. Asimismo, la formación conservadora se compromete a aprobar una “Ley de Concordia” que derogará la Ley de Memoria Histórica.

“Una ley que incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles”. Así se recoge en este programa, estructurado en 10 bloques, que quiere ser un “contrato con España”.

Además de la mencionada rebaja del IRPF a todos los ciudadanos, los populares sostienen que en aquellas comunidades autónomas en las que gobierne este partido se “establecerán deducciones” en este impuesto “para menores de 35 años y familias con al menos un hijo”. Continuando con este tema, los parados de larga duración “que inicien un negocio no pagaran impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años”. Y no serán los únicos gravámenes que ‘tocarán’.

En concreto, se anuncia una rebaja en el Impuesto de Sociedades, “situando el tipo máximo por debajo del 20%”, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y la eliminación del relativo a Sucesiones y Donaciones “para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges”. A esto hay que sumar que los populares se comprometen a eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados “para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual” y las tasas que gravan específicamente al turismo.

Las pensiones también tienen su ‘hueco’ en la oferta electoral del PP. Los de Pablo Casado explican que harán “compatible la percepción de un porcentaje ascendiente de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena, con acuerdo de su empleador”. Asimismo, aplicarán una exención, “con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse”, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.

“Crearemos un Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro”, es otra de las medidas en este programa en el que también se habla de la eliminación del déficit de la Seguridad Social “profundizando en la separación de fuentes de financiación y a través de una política económica dirigida a la creación de empleo”.

Respecto al poder adquisitivo, los populares defienden su continuidad y afirman que “la revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad”. La formación conservadora también apunta que impulsará “en el marco del diálogo social, los pilares complementarios del sistema, planes de empresa y planes voluntarios de pensiones, como se recoge en las recomendaciones del Pacto de Toledo”.

Más allá de esto, en este documento hay medidas relativas a la familia, el mundo rural, autónomos, sanidad y educación, entre otros asuntos. Incluso, se asegura que se trabajará para aprobar una iniciativa legislativa que garantice “el correcto cumplimiento del requisito de prestación de juramento o promesa de la Constitución por parte de todos los cargos electos y autoridades públicas”. De esta manera, quiere prohibir “cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento”.

En materia de vivienda, en estas más de 100 páginas se prioriza el interés del propietario sobre el del inquilino. “Favoreceremos el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes. Implantaremos sistemas de arbitraje para resolver, de manera rápida y poco costosa, conflictos entre arrendadores y arrendatarios”, se señala en el programa.

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