East facade of the Spanish Court of Accounts' seat, at 81 Calle de Fuencarral (street) in Centro district in Madrid. Building from 1863.
Así lo han señalado fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que critican que “en 24 horas, por orden de Sánchez, hemos pasado de ‘imposible rescindir un contrato ya firmado’ a ‘resuélvase al precio que sea’. Para el PP, supone “una muestra más del abuso de poder que practica Sánchez y, en ese caso, como ha sido público y notorio, por motivos únicamente políticos y, por tanto, arbitrarios, en una adjudicación ya publicada hasta en el BOE”.
Según los populares, la rescisión del contrato “que ha ordenado” el presidente del Gobierno tendrá un “alto coste económico” y, “ante ese pago sin contraprestación, nos encontraremos frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos con incumplimiento de las normas presupuestarias que exigen entrega de algo”.
“Responsabilidad contable en la que incurriría y a la que tendrán que hacer frente patrimonialmente quienes la ocasionen, no el bolsillo de los españoles como pretende el Gobierno”, defienden desde Génova.
En este sentido, el PP advierte de que va a “controlar todos los pasos que se den en esta arbitraria resolución y vamos a activar la exigencia de responsabilidades en todo los ámbitos, como ya les han advertido desde la propia Abogacía del Estado”. Por todo ello, avanzan que presentará la “oportuna denuncia” ante el Tribunal de Cuentas por esta decisión.
“Los contratos acordados se cumplen, ese es el interés general”, aseguran estas fuentes populares, que señalan que este tipo de cuestiones no pueden estar sujetas “a los intereses personales de Pedro Sánchez y menos si es a cargo de los impuestos de los españoles que pagan de su bolsillo”.
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