El PP de Madrid o cómo ‘colar’ a Venezuela y a Cataluña en un debate sobre la privatización sanitaria

Venezuela se ha convertido en un recurso parlamentario cuando los nubarrones llegan a la Asamblea de Madrid. Así sucedió cuando Podemos presentó la moción de censura contra Cristina Cifuentes. Y así ha ocurrido esta semana cuando el debate en el Parlamento madrileño tocaba la privatización sanitaria. Un mantra que cada día coge más peso en sesión parlamentaria al que en las últimas semanas se le ha unido la crisis catalana.

“Esto no es Cataluña ni Venezuela”. De esta ‘sencilla’ manera, el Partido Popular de Cifuentes responde a las voces de la oposición que reclaman revertir una privatización sanitaria como son los contratos a 30 años que firmó el Gobierno de Esperanza Aguirre para que las empresas construyeran y se encargarse de los servicios no sanitarios de los hospitales Infanta Sofía, Henares, Sureste, Infanta Leonor, Infanta Cristina, el Tajo y Puerta de Hierro-Majadahonda.

Un debate en la Asamblea de Madrid que, pese a la argumentación del PP, finalizó este miércoles con la firma de Podemos y PSOE –junto a la abstención de Ciudadanos- para instar al Gobierno regional a que se revisen estos polémicos contratos por la falta de transparencia y los altos sobrecostes que provocan a las arcas públicas. Sin embargo, al igual que realizó Manuel Lamela cuando esta cuestión fue objeto de debate en la Comisión de Endeudamiento, la bancada popular no ha dudado en salir a defender el modelo PFI que impulsaron gobiernos anteriores y que se mantiene en la actualidad.

Pero esta vez con dos palabras como grandes protagonistas de esta defensa: Venezuela y Cataluña. Una reacción inminente por parte de los populares que fue provocada por la inclusión en la moción del PSOE de una serie de puntos que redactó Podemos para emitir un voto favorable. “Es un ataque directo a la legalidad y a la seguridad jurídica de esta contratación”, censuró Regina Plañiol, portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid.

La crítica dirigida por la diputada del grupo que coordina Cifuentes fue intensa contra la moción socialista. No obstante, estas palabras acusando a la formación morada de atentar contra la legalidad se dispararon cuando en la iniciativa se insta a la Comunidad de Madrid a que se anulen del contrato unas cláusulas concretas: la 16.7 sobre la Eficiencia Energética; la 19 sobre las Retribuciones a la sociedad concesionaria; y la 20 sobre el mantenimiento del equilibrio económico del contrato.

“Significa un ataque a la libertad de empresa y al respeto a la ley”, valoró Plañiol. Es más, el avanzar hacia la nulidad de este tipo de cláusulas es para la diputada popular todo un intento de “expropiación”, palabra muy ligada históricamente a Venzuela. “Es un ataque a la democracia si se salta el respeto a la ley”, reprochó la portavoz sanitaria del PP dirigiéndose a Podemos, con un ojo mirando a los socialistas. “Esto no es Cataluña ni Venezuela. Tanto si nos gusta como si no. Así que, Podemos y PSOE, es peligroso tontear con el incumplimiento de los contratos y predicar con no respetar la ley”, concluyó.

Otros argumentos más allá de Venezuela y Cataluña

Antes de que Venezuela y Cataluña se colasen en un debate sobre la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, la diputada del PP explicó más razones que justifican el voto negativo que dedicó la bancada conservadora. Y es que, según Plañiol, los siete ‘hospitales de Aguirre’ son un éxito gestado de un plan “para acercar la asistencia sanitaria, especialmente la hospitalaria, a muchos municipios” de la región “allí donde las razones demográficas y asistenciales lo necesitaban”.

Pero no solo se atenta a la democracia con esta moción, según la parlamentaria, sino que también PSOE y Podemos “cuestionan los servicios públicos” de la Comunidad de Madrid. Plañiol aseveró que el reclamar una serie de informes externos es un intento de “cuestionar unos contratos ya fiscalizados”. Por lo que ambas formaciones estarían poniendo en duda la labor de los funcionarios madrileños.

Incluso la diputada del PP de Cifuentes fue más allá en su sorpresa por esta petición de los dos partidos: tanto el PSOE como Podemos lo que pretenden, a su entender, con esta iniciativa es “privilegiar a empresas externas privadas” encargando auditorías y estudios. “Esto es una privatización”, recriminó.

Un ahorro de 1.000 millones

Por último, tras asegurar que la transparencia con estos contratos es óptima y que está al alcance de todos los diputados, otro de los argumentos que salió desde los populares fue que revertir los contratos supondría “asumir una indemnización con una consecuencias tremendas”, así como que se tendría que “seguir asumiendo el coste de los servicios no sanitario” que ahora están en manos privadas. Un paso que, según Plañiol, no habría que dar ya que “no se han dado circunstancias para que se revisen los contratos”.

Visión que la oposición en bloque no comparte y que, incluso, censuran aportando cifras. “No contaron a los madrileños que, mientras nos acusaban de abusar de los servicios sanitarios y en plena crisis, desde el año 2010 a 2015 estas concesionarias se han embolsado un beneficio de entre el 20 y el 30%”, afirma Mónica García, portavoz de Sanidad de Podemos, que cifra en un ahorro en los próximos 20 años de 1.000 millones si se pone punto y final a estos contratos. Por su parte, José Manuel Freire, portavoz sanitario del PSOE, rememora que con este modelo PFI las arcas madrileñas pagarán un total de 3.482,5 millones de euros a empresas privadas.

Mientras, Venezuela y Cataluña parece que ya se han convertido uno más en el día a día parlamentario.

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