“Una vez más, y en el ejercicio de sus funciones constitucionales de defensa y amparo de la independencia judicial”, la Comisión Permanente del CGPJ “se ve en la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos”.
Por ello, el Poder Judicial hace “un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales”.
Según asegura en un comunicado, “los jueces, y el CGPJ así lo avalará, deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales”.
Ante esto, el Consejo quiere dejar claro que los ciudadanos “pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán en todo caso sus derechos con sujeción a la Constitución y al resto de su ordenamiento jurídico”.
Jueces de instrucción de Madrid
Asimismo, los jueces de instrucción de Madrid han emitido una declaración institucional para “mostrar nuestro apoyo” al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Un respaldo, afirman, “frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta”.
“Rechazamos, asimismo, las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio presidente del Gobierno, que lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”.
Según remarcan, “la ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del poder judicial, y de servicio público a los ciudadanos”.
