Silla de ruedas
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 desplegará un refuerzo económico de 600 millones de euros en el marco del ‘plan de choque‘ para mejorar el sistema de Dependencia.
Así lo recoge el borrador de esta estrategia confeccionada por el departamento liderado por Pablo Iglesias y que se presentará a las comunidades autónomas para su debate en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Dicho plan fue avanzado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, en el Congreso y explicó que tendrá reflejo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que diseñe el Ejecutivo.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, marca como objetivos «mejorar la gestión» del sistema de atención a la Dependencia, «reducir la lista de espera, ampliar las prestaciones y servicios, y asegurar una financiación adecuada de estas medidas mediante el incremento de la contribución de la Administración General del Estado», de cara a que las autonomías vean mejorada su financiación respecto a la situación actual.
En concreto, el plan ideado por el Gobierno estima que la subida prevista del nivel mínimo y la recuperación del nivel acordado supondría un aumento de 600 millones de euros en la aportación de la Administración estatal en 2021 «en comparación con el presupuesto actual».
«En los dos años siguientes, se mantendrá el nivel acordado y se actualizarán las cuantías del nivel mínimo para asegurar al menos la financiación necesaria para cubrir por la Administración General del Estado todo el coste de la implementación del Plan de Choque», ahonda el borrador.
Y es que el plazo previsto para la «plena implementación» de del plan de choque es de tres años (entre 2021 y 2023) y el aumento de contribución diseñado «aseguran los recursos suficientes para su implementación y para que la lista de espera se reduzca sustancialmente».
También ahonda en que estas medidas «tendrán un efecto positivo sobre la actividad económica», como consecuencia del aumento de la demanda de bienes y servicios de las personas beneficiarias, de las empresas que deben satisfacer ese aumento de demanda y de las nuevas personas empleadas como consecuencia del aumento de producción».
Además, calcula que los ingresos tributarios también se incrementarán pues por «cada euro más de presupuesto puede incrementarse en 40 céntimos la recaudación tributaria» y, por tanto, el plan de choque se «autofinancia parcialmente».
También enfatiza en que generará creación de empleo al haber nuevas personas beneficiarias que requerirá aumentar el nuevo de profesionales dedicados a sus cuidados.
Al tener en cuenta que por cada incremento de un millón de euros invertido en el sistema de dependencia se crean más de 37 puestos de trabajo, el primer año de aplicación del plan podrían crearse en torno a 24.000 empleos nuevos.
La estrategia del Ministerio también propone reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo y, por tanto, exento de copago; así como aumentar las horas de atención del SAD; mejorar las prestaciones económicas; ampliar las compatibilidades entre prestaciones y servicios; y extender la escala de valoración (EVE) a la franja de edad de 0 a 6 años. A su vez, resolverá los «recortes» acometidos desde el 2012 hasta la actualidad (sobre todo en el denominado nivel acordado).
También recuerda que el sistema de atención a la Dependencia cuenta actualmente hay 1,1 millones de personas beneficiarias con derecho efectivo y que el sistema, que supuso cuando se creó un «gran avance» en materia de prestación social, adolece sin embargo de problemas en su funcionamiento, «que vienen arrastrándose desde hace años y que la crisis sanitaria actual no ha hecho más que intensificar».
Por otro lado, ve preciso resolver el «elevado» número de personas que se encuentran en situación de lista de espera, formada principalmente por quienes tienen ya reconocida la condición de «dependiente» pero aún no están recibiendo las prestaciones que les corresponden.
«Actualmente, habría unas 270.000 personas en esta situación. Además, podría incluirse aquí también a aquellas personas cuya solicitud está pendiente y que previsiblemente obtendrán una resolución con algún grado de dependencia (aproximadamente puede estimarse que esto ocurre en el 80% de las solicitudes). Incluyendo este segundo caso, la lista de espera podría estimarse en torno a las 390.000 personas», analiza el texto del Ministerio.
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