Anteriormente, los representantes de los partidos de la oposición prepararon y presentaron una resolución ante el Parlamento, en la cual acusaban al presidente de intentar tomar el poder por la fuerza y de extralimitarse en sus poderes oficiales mediante la introducción de la ley marcial sin los fundamentos adecuados y en violación de la ley.
Yoon Seok Yeol se acusa de violar los principios constitucionales de la democracia y separación de poderes, así como de otros delitos cometidos durante la ley marcial que impuso.
El proyecto de resolución de juicio político establece que el ejército y la policía de Corea del Sur, siguiendo instrucciones del mandatario, trataron de arrestar a miembros del Parlamento, se apoderaron de la Comisión Electoral Central, confiscaron los móviles de los funcionarios y bloquearon los servicios sociológicos privados de los activistas de la oposición.
El pasado 3 de diciembre, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial en Corea del Sur para evitar ser destituido y acusó a la oposición de simpatizar con Corea del Norte, una afirmación que las fuerzas opositoras tacharon de
Yoon cerró el Parlamento, prohibió las actividades de los partidos políticos y puso los medios de comunicación bajo control de los militares.
Posteriormente, la mayoría de los diputados lograron entrar en la Asamblea Nacional y votaron a favor del levantamiento de la ley marcial, decisión que Yoon tuvo que aceptar finalmente.
Actualmente el mandatario es investigado tanto por presuntos delitos de traición, rebelión y abuso de poder. También están bajo investigación el ahora exministro de Defensa Kim Yong-hyun y altos mandos de las Fuerzas Armadas.