Aula de un colegio
El Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá asegura que hay «un respaldo mayoritario» de las comunidades autónomas a la decisión del Gobierno de «priorizar» a los estudiantes de segundo de Bachillerato y cuarto de Secundaria para que reciban clases presenciales en la fase 2 de la desescalada durante el mes de junio.
Así lo ha comunicado el Ministerio tras la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida este jueves por la ministra Celaá y en la que han participado todos los consejeros de Educación de las diferentes comunidades autónomas.
El plan de desescalada del Gobierno permitirá durante la fase 2, que como pronto llegará a algunos territorios a finales de mayo, que alumnos de algunos cursos puedan regresar voluntariamente a las aulas en grupos reducidos para recibir clases de refuerzo y repaso, como en el caso de los que están preparando las pruebas de acceso a la universidad.
Además, en esa fase de la desescalada se podrán abrir los centros de educación especial y de educación infantil. Estos últimos para que asistan los menores de 6 años cuyos padres tengan que regresar a sus puestos de trabajo, algo que han criticado la mayoría de sindicatos docentes y desaconsejan otros sectores de la comunidad educativa.
El Ministerio de Educación precisa que esta ‘vuelta al cole’ opcional y parcial a final de curso tiene que realizarse «respetando las normas de seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad» y planificando las actividades para «evitar aglomeraciones innecesarias».
Sobre la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, que se celebrará en todas las comunidades de forma presencial entre finales de junio y principio de julio, el Ministerio de Educación ha indicado que «cada comunidad autónoma es responsable de desarrollarlas en las mejores condiciones para el alumnado y el profesorado presente».
Fuentes del departamento de Celaá indican a Europa Press que el Ministerio de Educación ya está trabajando con el Ministerio de Sanidad para establecer un protocolo de medidas sanitarias para las pruebas de acceso a la universidad, que cada año realizan más de 200.000 estudiantes.
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