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El mercado eléctrico español es el segundo más privatizado de toda la OCDE

Torre eléctrica

Las empresas estatales representan al 62% de la potencia eléctrica instalada en toda la OCDE y poseen más de la mitad de las plantas proyectadas o en construcción. Sin embargo, la agresiva privatización del sector ha dejado a España a la cola del ránking: la propiedad pública apenas genera un 5% de la energía eléctrica producida en el país, en un indicador que solo empeora Portugal.

Es uno de los datos que arroja el estudio asociado al departamento de Medio Ambiente de la OCDE bajo el título “Empresas estatales y la transición hacia las bajas emisiones de carbono”. Indaga en el papel de las empresas públicas en los planes de energía renovable y subraya la importancia de estas entidades en la “descarbonización” que fijan los objetivos del Acuerdo de París.

Aunque el informe no entra a valorar el por qué cada país presenta una estructura eléctrica mayor o menor, destaca que las empresas estatales son, en general, ‘el bien y el mal’: participan en la generación de carbono e invierten en la expansión de las renovables. Aún ostentan el 56% de la propiedad de centrales eléctricas de carbón y el 52% de las proyectadas, e invierten a mayor ritmo que las privadas en carbón. Sin embargo, han aumentado del 9% al 23% su inversión en electricidad limpia desde el año 2000.

El informe concluye que “la propiedad estatal tiene un efecto positivo en la inversión en la energía renovable en los países de la OCDE y el G20”. Entre los motivos destaca que estas compañías están más constreñidas por los mandatos políticos para avanzar en estrategias de carbonización. También por la financiación preferencial a la que acceden por ser estatales: “Todo ello se traduce en menores costes financieros, ventaja competitiva esencial en un sector dominado por los altos costos del capital”, concluye el estudio.

Menor concentración

No obstante, los autores subrayan que la propiedad estatal es solo uno de los múltiples factores que condicionan los mercados de generación eléctrica, renovable y no renovable. Le sigue la concentración: “Es un obstáculo para la competencia, e indirectamente también para la inversión en energía renovable”, subraya el estudio.

Sus datos concluyen que “una mayor competencia restringe el poder del mercado y evita el abuso, permitiendo la entrada de empresas que se aventuran en las tecnologías eléctricas renovables”.

No obstante, el estudio admite que sus cálculos no alcanzan a mostrar evidencias sobre otras características de los mercados energéticos en la expansión de energías limpias, como el acceso de terceros o el grado de separación vertical de las empresas.

España cuenta con el séptimo mercado eléctrico menos concentrado del total de 34 estados que engloba esta institución.

Sin ahondar en la casuística de ninguno de los sistemas estudiados, las conclusiones de la OCDE muestran que España cuenta al menos con una de las ‘ventajas competitivas’ para impulsar la descarbonziación del sector eléctrico. Su propiedad pública es ínfima comparada con países como Francia, México o los países del este de Europa, pero la menor tendencia al oligopolio mejora las posibilidades de la energía limpia, al menos en la teoría del informe que difunde la OCDE.