Rodrigo Rato en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato seguirá estando investigado por el juzgado de instrucción nº 31 de Madrid por el presunto fraude en el cobro de unas conferencias a través de la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC), aunque ha archivado la causa en relación con los administradores de la sociedad, Francisca Buján y Pedro Díaz, tras la declaración efectuada el pasado 5 de abril.
En esa fecha, Rato declaró ante el juez Antonio Serrano Arnal, defendiendo que el cobro fue legal, ya que desde 2002 es “plenamente legítimo facturar a través de empresas”. En ese sentido, el también expresidente de Bankia denunció que está sufriendo un “claro caso de discriminación” ya que “otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores a las mías” no se les ha atribuido delito fiscal alguno.
Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a BCC 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel de mayor volumen.
En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros.
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