José Manuel Villarejo, excomisario de policía
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional los escritos en los que el excomisario hace nuevas revelaciones sobre los atentados del 11M para que elabore un informe sobre la conveniencia o no de abrir una investigación al respecto.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía debe ahora analizar esa carta y determinar si cabe investigar lo relatado por el excomisario, que ha vinculado los atentados a los servicios secretos marroquíes y franceses.
Se da la circunstancia de que el juzgado de García Castellón es el mismo que investigó el 11M, por lo que, de considerar el fiscal que se debe abrir una investigación, deberá hacerse en ese mismo juzgado.
La carta remitida al juez ha sido publicada por El Español y en ella el excomisario asegura que parte de los explosivos del 11M salió de “depósitos de armas de la Guardia Civil”, “con el fin de colocar un dispositivo de seguimiento».
Según la versión aportada por Villarejo, que ha pedido que el Gobierno desclasifique los documentos oficiales que le vinculen con el 11M para poder “defenderse” la operación de compra de 200 kilos de explosivos por parte de Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los autores de los atentados, era en realidad una «entrega controlada» por la Guardia Civil.
La finalidad, según Villarejo, era crear un intento de atentado ficticio, una compra controlada de dinamita que serviría para detener a los presuntos terroristas en posesión de la munición y acreditar así su intención de atentar en suelo español de forma inminente. Pero, según él, algo salió mal.
Asegura que los yihadistas contaron con “ayuda externa” para burlar la vigilancia y terminar perpetrando el atentado y apunta directamente a encubiertos de la inteligencia francesa.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el magistrado, que ha sido objeto de los escritos porque él lleva la causa que mantiene a Villarejo en prisión, ha remitido la documentación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por tratarse de asuntos que exceden del caso Tándem, que es materia de Anticorrupción.
El objetivo es que la Fiscalía exponga si la declaración remitida por el comisario jubilado tiene visos de credibilidad o muestra indicios delictivos que justifiquen una reapertura de las investigaciones sobre los atentados, de acuerdo a las mismas fuentes.
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