En una providencia de este mismo miércoles, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, apunta que, una vez “analizadas las respuestas” a las cuestiones formuladas por el propio magistrado y por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, “se abrirá plazo para poder formular nuevas preguntas”.
La Abogacía del Estado, que representa a Sánchez y sus ministros en estas pesquisas, también tenía la opción de enviar al juez sus propias preguntas, pero, tal y como habían avanzado las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, ha renunciado a hacerlo. Tampoco estarán las preguntas que pudieran formular APEDANICA y Prolege, porque, aunque se les ha admitido como acusaciones populares no han podido reunir todavía los 10.000 euros necesarios para personarse.
Calama explica en su resolución que, “analizadas las respuestas a las referidas preguntas, se abrirá plazo para poder formular nuevas preguntas”. Las citadas fuentes señalaban que la posibilidad de repreguntar se usará en el caso de que las respuestas de Bolaños no sean lo suficientemente clarificadoras.
El instructor citó a Bolaños para que declarase como testigo el pasado 5 de julio, pero el ministro optó por responder por escrito a pesar de que el propio magistrado le instase a contemplar la posibilidad de hacerlo por videoconferencia. El ministro, con todo, decidió optar por la vía escrita, una potestad contemplada para los miembros del Ejecutivo.
Por otro lado, el juez también ha acordado requerir al Centro Criptológico Nacional (CCN) para que en el plazo de siete días presente los informes definitivos sobre los análisis de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y de los titulares de las carteras de Interior y Agricultura.