El juez del caso Lezo decidirá antes de Semana Santa si imputa a Gallardón

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene encima de la mesa decidir si imputa, o no, al ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la pieza número 1 del caso Lezo, donde se investiga la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II que conllevó un sobrecoste de 70 millones de euros, según las pesquisas y elindependiente.com avanza que lo decidirá antes de Semana Santa.

Asegura el mencionado digital, citando fuentes jurídicas, que el pasado jueves el instructor se reunió con la Fiscalía Anticorrupción y acordaron que antes de las vacaciones de Semana Santa tomarían una decisión sobre si se debe investigar o no a Ruiz- Gallardón en la trama que lideró Ignacio González.

Explica el diario que dirige Casimiro García-Abadillo que “hasta ahora, el juez –a petición de los fiscales Ana Cuenca y Antonio Romeral- ha practicado en las últimas semanas una treintena de interrogatorios para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon a la compra de Inassa en el año 2001”. E informa que “en concreto, García Castellón ha estado tomando declaración a todos los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en aquel momento”. Además, el instructor citó como testigos a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid que elaboraron los informes de la citada operación.

Y asegura que tanto el magistrado como Anticorrupción tienen claro que si se acuerda la citación de Alberto Ruiz-Gallardón como investigado es porque haya serios indicios de que conoció e impulsó la compra presuntamente fraudulenta.

Recuerda elindependiente.com que “los investigadores sospechan que la adquisición de la sociedad Inassa fue irregular puesto que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la mercantil panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal, para llevarla a cabo”.

La operativa paralela habría sido diseñada por Arturo Canalda, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, que gestionaron la adquisición de Inassa de una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el Consejo de Administración celebrado el día 8 de octubre de 2001 a petición del propio Canalda.

Sub ayando que “unque la operación se autorizó formalmente en el Consejo de Administración del Canal el 14 de noviembre de 2001, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa”.

El 29 de noviembre se dictó acuerdo por parte del Gobierno madrileño autorizando al Canal la creación de Canal Extensia y la adquisición del 75% del capital social de Inassa por 73 millones de euros. Ese acuerdo está firmado por los entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y consejero de Hacienda, Juan Bravo. De ahí, que el nombre del ex ministro haya estado en el foco desde que salió a la luz que dicha operación de compraventa estaba siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Por su parte, el que fuera titular de Justicia señaló durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre que no le parece que hubiese un sobrecoste en la adquisición de Inassa y que, además, él no formaba parte del Consejo de Administración que llevó a cabo la compra aunque esta le pareció “una buena operación”.

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