Manuel Cobo, exnúmero dos del Ayuntamiento de Madrid
El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha anunciado este lunes que el exnúmero dos de Alberto Ruíz-Gallardón en la alcaldía de Madrid, Manuel Cobo, ha renunciado a la presidencia de la Oficina anticorrupción del PP.
Cobo se va, según Maíllo, por «razones personales», y lo hace solo dos semanas después de ser nombrado jefe del equipo que el PP ha creado para reforzar los controles internos.
Es el último tema que ha anunciado Maíllo tras la reunión semanal en Génova: “La renuncia de Manolo Cobo como presidente de la Oficina del Cargo Popular por razones puramente personales”. Ha añadido su marcha “no implica que la oficina vaya a seguir desarrollando sus funciones, se nombrará a otra persona en un próximo Comité Ejecutivo”, y ha agradecido a Cobo “que aceptara nuestra propuesta en un momento complicado para él”.
“Yo creo que lo ha intentado, y no es posible, y desde luego todo nuestro afecto y cariño. Estamos seguros de que pronto se va a reincorporar a esta oficina o cualquier otra tarea en el PP”, ha añadido. Según fuentes del PP su marcha se debe a motivos de salud sin que medien más razones.
Cobo fue designado hace solo dos semanas por Mariano Rajoy como la persona para presidir un nuevo órgano con una función fiscalizadora interna y que pueda frenar «cualquier actividad irregular detectada» en el partido, inmerso en multitud de procesos judiciales por corrupción.
«Se trata de un órgano del partido, con autonomía en el ejercicio de sus funciones, formado por entre 3 y 5 miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico dentro del Partido Popular en cualquiera de sus ámbitos», explica la web del partido sobre el nuevo órgano.
Las principales funciones de la Oficina del Cargo Popular serán, según los estatutos del PP, «supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP; aprobar el formulario homologado del resumen de la Declaración de IRPF y de Patrimonio; gestionar los registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos; velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades; y dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones».
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