El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha vetado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley del Parlamento gallego de 2014 para asegurar la devolución íntegra de lo perdido en la crisis de las preferentes.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el veto fue avalado por la Mesa del Congreso en su última reunión, al igual que se hizo con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol para equiparar los salarios de la Policía y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y locales.
Tras el veto del Gobierno y su aceptación por la Mesa del Congreso, ambas leyes han sido abatidas y ya no continuarán su tramitación ni llegarán a debatirse en el Pleno del Congreso.
TAMBIÉN LA VETÓ RAJOY
La iniciativa gallega, admitida por el Congreso en otoño de 2016, tiene por objeto «garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera».
Una iniciativa similar, también del Parlamento gallego y aprobada por unanimidad en Santiago de Compostela, fue vetada en 2017 por el entonces Gobierno del PP alegando que generaba un incremento de gasto público que alteraba negativamente los presupuestos en vigor.
Y ahora es el Ejecutivo de coalición el que veta la iniciativa, acogiéndose también a la capacidad de veto que la Constitución otorga al Gobierno para impedir la tramitación de iniciativas legislativas que alteren los presupuestos generales, ya sea por aumento del gasto o por disminución de los ingresos.
ESPAÑA PODRÍA SER DEMANDADA
En el escrito de disconformidad, al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que la ley gallega es anterior a la trasposición de 2015 de una directiva europea e incluso contradice a esta norma y al Reglamento del Mecanismo Único de Resolución, por lo que su aplicación implicaría una demanda de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE que podría derivar en un posible perjuicio económico para nuestro país.
Pero, además, su puesta en marcha no sería neutral en términos presupuestarios, ya que tendría un impacto estimado de 2.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio vigente, ya que habría que inyectar ese dinero en las entidades afectadas, tanto BFA-Bankia como el FROB, lo que obligaría a un aumento de los créditos presupuestarios.
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