La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prometido hoy que el Gobierno “velará” para que los bancos no trasladen “ningún tipo de coste” ni incorporen “cláusulas abusivas” en cuanto este mismo sábado entre en vigor el cambio normativo aprobado hoy para que sean las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), es decir, el impuesto de las hipotecas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado hoy en La Moncloa, Montero ha explicado que “en paralelo” al decreto aprobado hoy, el Ministerio de Economía está trabajando en la creación de una Autoridad en defensa de los clientes financieros precisamente para evitar que se puedan dar abusos de este tipo.
Asimismo, ha apuntado que la “elevada competencia” que existe en el mercado financiero permitirá que las diferentes entidades ajusten sus ofertas para lograr captar clientes. “Es un mecanismo de autorregulación” que existe en el sector, ha añadido.
El decreto ley que modificará la ‘Ley de impuestos sobre transmisiones de propiedad y actos jurídicos documentados’ se publicará mañana viernes en el BOE y entrará en vigor al día siguiente. “El sábado estará en vigor”, ha reiterado Montero, que se ha mostrado también convencida de que será convalidado en el Congreso “sin dificultades” a tenor de las manifestaciones que han realizado diferentes formaciones políticas.
Respecto a la posibilidad de que se elimine directamente este gravamen, como ha solicitado el líder de la oposición, Pablo Casado, la ministra ha recordado que a través del impuesto de las hipotecas se recaudan “unos 2.000 millones de euros” que las comunidades autónomas destinan a sanidad, educación o dependencia. “Las comunidades autónomas necesitan recursos y cualquier tributo cedido está dentro de este marco”, ha explicado antes de defender además que “aquellas con peor financiación per cápita son las que tienen que hacer más uso de estas figuras tributarias”, porque esa es “la arquitectura territorial” que existe.
La eliminación de este impuesto “supondría 2.000 millones menos para la dependencia, la sanidad pública y la educación”, ha señalado Montero, que ha asegurado que “este Gobierno no va a aprobar una medida que suponga un deterioro del sistema de bienestar”.
La próxima semana el Ejecutivo convocará la Comisión de Tributos para aclarar las dudas que puedan tener los gobiernos autonómicos.
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