Sánchez, Rodríguez, Cuerpo JMA
Esta es una de las 12 medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes en unas jornadas de vivienda y que fuentes del Gobierno han aclarado que afectará solo a las socimis cuyos activos sean las viviendas y que se realiza para corregir la «perversión» en el que ha derivado este modelo, que se creó para aumentar el volumen de la construcción tras la crisis inmobiliaria.
Fuentes del Ejecutivo consideran que esta medida se acotará a las socimis de viviendas, porque el objetivo es movilizar la vivienda asequible para destinarla a incrementar la oferta de alquiler.
De igual manera, han indicado que otra de las medidas que el Gobierno quiere impulsar para aumentar la oferta del alquiler es extender a las zonas no tensionadas las bonificaciones que actualmente se destinan solo a aquellos territorios declarados tensionados.
Ante el bloqueo de algunas comunidades autónomas a la Ley de Vivienda con la no declaración de zonas tensionadas, el Gobierno ha ideado este mecanismo que permitirá a los propietarios de vivienda obtener bonificaciones de hasta el 100% en el IRPF en caso de rebajar el precio del alquiler.
Así, en consonancia con la Ley de Vivienda, si un gran tenedor (propietario de más de 10 inmuebles) referencia un contrato de alquiler al índice para zona tensionada aunque no esté declarado en su territorio, obtendrá una excepción fiscal del 100%. Si lo hace un pequeño tenedor (propietario de menos de 10 inmuebles), la rebaja de hasta un 5% supondría que en comunidades como la de Madrid un arrendador obtenga dicha exención en alrededor de 6.000 euros de los rendimientos netos del contrato.
No obstante, desde el Gobierno aclaran que el porcentaje de bajada no está cerrado y dependerá de la zona.
En relación a la limitación de compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios, dichas fuentes gubernamentales han explicado que se están estudiando dos vías: crear un nuevo impuesto o endurecer el ya existente.
El objetivo es dificultar la compra de vivienda por parte de este colectivo, que se calcula en el entorno de 25.000 y 30.000 al año, en un momento en el que se están creando 90.000 nuevos inmuebles.
En relación al incremento del IVA de viviendas turísticas, desde el Ejecutivo todavía están estudiando el porcentaje y aclaran que dependerá de la Directiva europea que actualmente se está negociando en el Ecofin. Desde el Ejecutivo indican que tendrán especial atención a la zona donde esté situado el piso turístico, ya que en determinadas zonas rurales la vivienda de uso turístico beneficia.
En relación al blindaje de la vivienda protegida del Estado, desde el Gobierno han indicado que condicionarán la entrega de recursos públicos a que las CC.AA. se comprometan a mantener la vivienda de protección oficial siempre pública y esto se hará en el nuevo Plan Estatal de Vivienda que el Gobierno está negociando.
De igual manera, han aclarado que esto no implicará que las viviendas no se puedan vender, sino que en el momento de la venta «se haga en las mismas condiciones» en las que se adquirieron, condición que pondrá el Estado.
En cuanto al aval a jóvenes, estas fuentes indican que se está usando el modelo actual francés y que el objetivo es que el Gobierno sirva de aval para garantizar el acceso a vivienda a un colectivo que muchas veces no puede acceder a este mercado por no tener recursos suficientes.
En relación al traspaso de las casi 30.000 viviendas del Sareb a la nueva empresa pública de vivienda, desde el Gobierno han aclarado que 13.000 ya están en marcha y las más de 15.000 restantes está previsto que se traspasen para el año 2026, aproximadamente.
Asimismo, han indicado que hay otro paquete de cerca de 40.000 viviendas que se incorporarán a largo plazo a esta nueva empresa pública y que previsiblemente se podría hacer para el año 2027.
Del total de 12 medidas que el presidente del Gobierno ha presentado este lunes, cinco deben pasar por el Congreso de los Diputados, mientras que las otras siete restantes se podrán desarrollar sin tener que obtener el visto bueno del Parlamento.
Así, tal y como han detallado fuentes del Gobierno, deberán obtener ‘luz verde’ de la Cámara Baja el sistema de garantías públicas que protege a inquilinos y propietarios, el nuevo IVA para viviendas turísticas, la nueva fiscalidad de las socimis de vivienda y el endurecimiento para la compra de vivienda de extranjeros no comunitarios, así como la excepción fiscal del IRPF si se rebaja el precio del alquiler en zona no declarada tensionada.
El resto de medidas no deberán pasar por el Congreso y el Gobierno trabajará de manera inmediata en su desarrollo.
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