“En el marco de los expedientes sancionadores, se ha solicitado a todas las delegaciones de gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática”, anuncian fuentes del Ministerio de la Presidencia.
Según recuerdan, la sanción máxima a la que “se enfrentan los autores del homenaje al golpe de estado del 1936, la dictadura o sus protagonistas” es de 150.000 euros, “sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir”.
“La España actual se basa en nuestra Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad y rechaza, como los países europeos de nuestro entorno, cualquier enaltecimiento de un régimen autoritario o de sus figuras principales”, recuerda.