27-05-2021 El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Complejo de La Moncloa, a 27 de mayo de 2021, en Madrid (España). Este consejo extraordinario ha aprobado el decreto para la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) provocados por la pandemia del coronavirus hasta finales de septiembre. La aprobación del decreto tiene lugar horas después de que Gobierno y agentes sociales hayan firmado el V Acuerdo Social en Defensa del Empleo. ECONOMIA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press
Desde marzo de 2020, se han desarrollado diversas medidas de protección de rentas que han tenido impacto sobre los ingresos y los gastos del sistema, mientras que se continuaban atendiendo las prestaciones habituales, como las pensiones o las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, recuerda el departamento que dirige José Luis Escrivá.
Entre las medidas de protección de rentas, de empleo y de empresas por la pandemia, destacan las prestaciones extraordinarias para autónomos y las consiguientes exoneraciones de las cuotas -fruto del consenso con las asociaciones de este colectivo-, así como las exenciones en las cotizaciones sociales de los ERTE vinculados a la pandemia y la Incapacidad Temporal Covid. Tanto las ayudas para autónomos como los ERTE, vigentes desde marzo de 2020, se han extendido hasta finales de febrero de 2022.
La Seguridad Social se financia con cargo a los recursos del sistema, principalmente mediante cotizaciones de trabajadores y empresas, y con transferencias por parte de la Administración Central.
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 se incluye una transferencia de 18.396 millones de euros para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo.
“Con ello se da un nuevo paso más (este año la transferencia fue de 13.929 millones) para que las políticas no contributivas que realiza el sistema de la Seguridad Social las financie la Administración Central y para dar certidumbre sobre nuestro sistema público de pensiones”, segura el Ministerio.
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