La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso
El Ministerio de Trabajo se ha propuesto mejorar el sistema de protección por desempleo. Y lo quiere hacer ampliando la protección, aumentando la cobertura y garantizando “ingresos dignos y estabilidad”. Así lo ha afirmado Yolanda Díaz, titular de esta cartera, en una comparecencia en el Congreso en la que ha anunciado que se va a establecer un nuevo sistema de protección asistencial y se aumentará el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que lleva congelado varios años.
Aún sin dar ninguna cifra al respecto, Díaz se ha comprometido a subir el IPREM, tal y como se recogía en el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos para la conformación de un Gobierno de coalición. En este documento aparecía la siguiente frase: “Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización”. Nada más al respecto. Ni cifras ni plazos.
En los últimos años el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples se ha mantenido en los 537,84 euros al mes o, si queremos el cómputo anual, en los 6.454,03 euros (7.519,59 con pagas extraordinarias prorrateadas), según la OCU. No ha cambiado pese a que el salario mínimo (SMI) sí ha protagonizado una importante subida. Y es que, antes de estar congelado, este índice se incrementó, pero apenas unos pocos euros. En concreto, en 2010 llegó a los 532,51 euros al mes y una década después la diferencia es de escasos cinco euros. El IPREM sirve de referencia para solicitudes de becas, de ayudas a la vivienda, para establecer límites fiscales o en el cálculo y acceso a prestaciones sociales. De ahí su importancia para los colectivos más desfavorecidos.
La ministra también ha detallado en su comparecencia en la Cámara baja que a lo largo de este 2020 su departamento va a establecer un “sistema unificado del subsidio de desempleo”. Esta, y otras medidas, buscan ofrecer “mayor seguridad jurídica a los ciudadanos”, reforzar “la protección”, mejorar “la cobertura de las prestaciones por desempleo”, así como minorar “las cargas administrativas con una automatización de los subsidios similar a las prestaciones contributivas.
Según ha señalado Díaz, en España hay 892.622 personas que cobran prestación por desempleo, siendo el importe medio de la prestación contributiva: 857 euros al mes; 1.071.560 personas que cobran un subsidio siendo la cuantía más habitual 430 euros al mes; y 1.289.671 personas registradas como desempleadas que no tienen ningún tipo de ingreso. Además, en más de medio millón de hogares (565.300) no entra ningún ingreso laboral, tal y como apunta la última EPA de 2019.
Para Yolanda Díaz la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es clave en las políticas de su Ministerio. Por ello, “va a reforzar sus efectivos para afrontar con garantías la lucha contra el fraude en sus diferentes planos: jornada, salarios, contratos temporales, prevención de la discriminación…, en definitiva, garantizar la legalidad en el ámbito laboral”.
En este ámbito, ha anunciado la utilización de mecanismos de Big Data para reforzar el sistema de control y sancionador. “Los esfuerzos se centrarán en el abuso de la contratación temporal concatenada para un mismo trabajador/a o un mismo puesto; en el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo como por ejemplo los falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios”. Así lo ha explicado la titular de esta cartera, ha defendido la importancia de “reforzar el papel de la inspección para atender a las nuevas formas de trabajo ‘atípico’ que emergen en contextos digitales”.
“Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo”, ha dicho. Ante esto, ha desvelado que la siguiente iniciativa de Trabajo será abordar los falsos autónomos, “que están encubriendo verdaderas personas trabajadoras asalariadas, un ejemplo de ello son muchos de los riders que vemos en nuestras calles”. “Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo”, ha remarcado.
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