El Gobierno da marcha atrás en su propuesta para fijar un precio máximo del gas

“No es la medida en la que venimos trabajando intensamente desde hace días”, han señalado fuentes de Moncloa sobre este tope del precio del gas. “Cuando a la vicepresidenta se le preguntó la semana pasada, indicó que era una de las propuestas que se estaban barajando y explicó en qué consistiría”, aclaran.

La semana pasada, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apuntó que el Gobierno tenía “mucha sintonía” con su homólogo portugués, con el que trabajaba en un “límite máximo” de los precios de la electricidad. Tal y como había adelantado en el Parlamento luso el ministro de Medioambiente y Acción Climática de Portugal, João Matos Fernandes, ese precio máximo podría fijarse en  180 megavatios por hora en el mercado diario de electricidad.

“Esa referencia a 180 ha existido como límite máximo”, confirmó Ribera, que lamentó que “en 2019 en una Directiva europea se nos prohibió el mantener topes a esas ofertas de empresas eléctricas cuando van al mercado mayorista”. “Es una referencia que si hace apenas dos años nos parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy ampliamente superada, pues es poco discutible que debe ser el tope máximo que podamos aceptar en nuestro mercado”, llegó a defender.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había acelerado contactos en los últimos días para lograr apoyos a la proposición española: la semana pasada ya se reunió, entre otros con el alemán Olaf Scholz, el portugués António Costa y el italiano Mario Draghi, mientras que hoy está previsto que se cite con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Sin embargo, países como Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Estonia y Finlandia se han opuesto frontalmente a intervenir en el mercado mayorista y establecer un límite de precios. La UE necesita unanimidad para tomar este tipo de decisiones políticas, pero los Estados miembros tienen fuentes de energía tan variadas que es difícil dar una respuesta de emergencia conjunta.

Calviño, sobre el tope de 180 euros: “La posición del Gobierno no ha cambiado”

Unas horas después, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha negado cualquier rectificación al respecto. “La posición del Gobierno no ha cambiado”, ha afirmado en una comparecencia tras la Conferencia Sectorial para analizar el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra. Según ha defendido, “llevamos meses trabajando, impulsando medidas que nos permitan desacoplar de forma eficaz la evolución de los precios del gas en los mercados internacionales del precio de la electricidad en nuestros mercados”. Tal y como ha incidido, “hay que poner fin a una situación en la que los ciudadanos y las empresas europeas están pagando la guerra de Putin”.

Previamente, ha reiterado que el Gobierno esperará hasta el 29 de marzo para bajar los precios de la luz, el gas y los combustibles. No actuará hasta después de la cita europea del 24 y 25 de este mes. Además, ha asegurado que “a lo largo de estas semanas hemos estado trabajando en distintas opciones, distintas medidas e intensamente con los servicios de la Comisión Europea para ver cuáles serían las más eficaces en el contexto europeo”.

“El Gobierno no ha cambiado en absoluto su posición en este ámbito”, ha reiterado. “Nuestro objetivo prioritario”, ha continuado, “es que se nos permitan topar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, porque este precio mayorista es el que se transmite de manera casi automática en las tarifas minoristas y en última instancia en el IPC”.

Críticas de los consumidores y los socios de Gobierno

El límite de 180 euros el megavatio hora también ha recibido críticas dentro de España por ser una medida de poco alcance. “Una tomadura de pelo”, afirmó al respecto FACUA-Consumidores en Acción sobre el anuncio realizado en su día por Teresa Ribera. La mencionada cifra “representa de más del triple de la cifra” que reivindica la asociación.

Así, FACUA viene reclamando que el máximo se fije en 50 euros el MWh, “de manera que en torno al 75% de la generación eléctrica en España seguiría retribuyéndose a un precio muy superior a su coste de producción”.

“La propuesta de Teresa Ribera de situar el tope en 180 euros/MWh significa que la factura siga desbocada y las eléctricas forrándose”, señaló, por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos-ECP-GeC en el Congreso, Pablo Echenique. El dirigente morado remarcó que “el coste marginal de producir un MWh de las amortizadísimas centrales nucleares e hidroeléctricas es de alrededor de 40 euros y menos de 10 euros”.

Según defendió, “hay que sacar ya el gas del tramposo mercado marginalista para limitar los obscenos beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico y hay que ponerles a las eléctricas un recargo especial en el impuesto de sociedades para ayudar a los consumidores con la recaudación extra”.

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