El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante uno de los Desayunos Informativos de Europa Press, en Madrid
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, han señalado a Europa Press fuentes gubernamentales. Se trata de uno de los proyectos incluidos por Juan Carlos Campo en su agenda 2030 para la Justicia y contendrá medidas para adaptar la labor de los juzgados al «mundo digital», tales como la videoidentificación y medios alternativos para la resolución de conflictos que permitan ‘desatascar’ los tribunales.
Esta ley, según ha explicado el titular de Justicia en distintos foros durante los últimos meses, integra el paquete legislativo que sienta las bases para la modernización de la administración de justicia.
Hace una semana, el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, mencionó durante su intervención en el Senado como una «pieza clave» en el engranaje de la «nueva arquitectura de la administración de justicia» los 410 millones de euros que Justicia recibirá a lo largo de tres años de los fondos de la UE para la recuperación tras el coronavirus.
Así, explicó que 2021 será un año para preparar el terreno, con la aprobación de las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, mientras que 2022 y 2023 serán para ejecutar el «grueso» del dinero europeo «de forma realista y coordinada»
Parte de las nuevas medidas planeadas para esta ley se han ido incluyendo en los planes de choque puestos en marcha por el Ministerio frente a la situación creada en los juzgados por la crisis del covid 19.
El objetivo fue el de agilizar la carga de trabajo en los juzgados y tribunales como consecuencia del parón por el Estado de Alarma del pasado 14 de marzo.
La digitalización de la Justicia es uno de los retos históricos del Ministerio, por lo que Campo incluyó la modernización y transformación digital como uno de los tres ejes fundamentales en su ‘Plan Justicia 2030’.
Según explicó en su comparecencia en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, el objetivo es «ser más eficientes» y garantizar el acceso a la Justicia «en iguales condiciones, en cualquier parte del territorio».
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