“Las responsabilidades políticas ya han pasado”. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido que el Ejecutivo no debe asumir ninguna responsabilidad tras la apertura de juicio oral contra el PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas. En su opinión, son cosas antiguas que ya se han dimirido en las elecciones.
“Ha habido muchas elecciones, investiduras y comparecencias del presidente del Gobierno y las responsabilidades políticas ya han pasado”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo en la tradicional rueda de prensa tras la reunión de los viernes del Consejo de Ministros. Para Méndez de Vigo lo que toca ahora es “esperar la sentencia judicial”.
Las declaraciones del portavoz se producen después de que este viernes el juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid haya abierto juicio oral por la destrucción de los discos duros. El PP, por tanto, hará de nuevo historia y será el primer partido en la historia de la democracia española con una causa penal.
El partido que encabeza Mariano Rajoy se encuentra procesado como persona jurídica en esta causa por daños informáticos y encubrimiento, junto con su actual tesorera, Carmen Navarro; el abogado Alberto Durán, y el exresponsable de informática José Manuel Moreno.
La justicia confirma así que hay indicios de que los acusados y el propio partido rayaron y borraron hasta 35 veces los discos duros de los ordenadores que usaba el exterorero Luis Bárcenas con el objetivo de entorpecer la causa que investiga la supuesta caja B del partido de Mariano Rajoy.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha señalado que esta decisión demuestra que “no existe ninguna voluntad por parte del PP de colaborar con la justicia en la lucha contra la corrupción”. “Cuando Rajoy está diciendo que no hay corrupción en su partido y que colabora con la justicia se pone de relieve que no existe tal colaboración”, ha afirmado la diputada, que ha exigido explicaciones.
El presidente del Gobierno “tiene que dar una explicación política a la ciudadanía de las actuaciones de su partido”, ya que, según Robles, “no solamente hay un presunto encubrimiento”, sino también se obstruye la labor de los tribunales.
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