Luis de Guindos, ministro de Economía
Las medidas de protección para los deudores hipotecarios vulnerables puestas en marcha en 2012 han beneficiado a cerca de 88.000 familias, de acuerdo con los últimos cálculos que ha ofrecido el Ministerio de Economía.
En concreto, el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que 51.071 beneficiarios (hasta octubre de este año) hayan reestructurado su deuda hipotecaria. En los casi seis años de vigencia se han realizado 43.607 reestructuraciones viables, 7.456 daciones en pago y 8 quitas.
Por su lado, el Fondo Social de Viviendas (FSV) ha permitido la realización de más de 9.000 contratos de alquiler (cierre de 2016) y la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de más de 27.800 desahucios (hasta diciembre de 2017).
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado hoy en el Congreso que la reducción de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual “está siendo espectacular”. En total, se registraron un 60% menos de ejecuciones entre julio y septiembre respecto a un año antes y un 84% menos desde el segundo trimestre de 2014, una mejora que Guindos achaca a las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más afectados por la crisis y a la “vigorosa recuperación económica, caracterizada por una intensa creación de empleo”.
El Código de Buenas Prácticas se aprobó en marzo de 2012 con la finalidad de dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en desempleo o por ausencia de ingresos. Durante los últimos años se ha ampliado el colectivo que puede acogerse a estas medidas y se ha incluido la posibilidad de que los deudores cuya deuda haya sido ejecutada, se queden en su vivienda pagando un alquiler asequible. Se trata de un Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio para los bancos que lo suscriben, que en la actualidad son la mayoría.
Por otro lado, la suspensión de lanzamientos hipotecarios supuso en 2013 la paralización de los desahucios de aquellas familias que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad. El Gobierno ha impulsado este año la prórroga de esta medida hasta 2020 y ha ampliado los criterios para incluir al máximo número de deudores vulnerables.
El FSV, por último, permite atender a aquellos casos en los que no se ha podido evitar el desahucio, facilitando un alquiler a precio reducido.
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