Autopista
Se trata, en concreto, de las radiales 3 y 5 (construidas bajo una única sociedad formada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), 4 (Ferrovial y Sacyr), M-12 (OHL), AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi) y AP-36 (Ferrovial, Europistas y Budimex), así como la AP-7 (Globalvía y Ploder) en la circunvalación a Alicante y entre los municipios de Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).
Los 1.000 millones de euros es el importe resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.
Los importes han sido calculados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se trata de la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que es el importe que debe pagar el Estado a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado.
Los rescates más caros son precisamente los de las carreteras situadas fuera de Madrid, como es el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda (Albacete), que asciende a 320 millones de euros, aunque el Estado ya pagó 411 millones en una primera resolución provisional; el de la Circunvalación de Alicante, que asciende a 308 millones; y el de Cartagena-Vera, de otros 283 millones de euros.
Ya en Madrid, el coste del rescate de las Radiales 3 y 5, ideadas para descongestionar el tráfico en las autovías de Valencia y Extremadura, asciende a 119 millones, el de la AP-41 a Toledo a 53 millones y el de la M-12 al Aeropuerto de Madrid Barajas a 46 millones de euros.
Por el momento, el de la R-4 es de cero euros, dado que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura. Por su parte, la novena autopista, la R-2, construida por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía), todavía no ha obtenido su RPA.
Todos los contratos fueron resueltos por un acuerdo del Consejo de Ministros en julio de 2018, ordenando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tramitara el expediente de liquidación. Ese año, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) asumió la explotación de estas carreteras.
En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y que quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De su lado, los fondos de inversión que asumieron la deuda financiera de 3.700 millones de euros que soportaban las nueve autopistas defienden que las facturas provisionales calculadas por el Gobierno «no se ajustan a derecho», ya que estiman costes que el Estado ya ha cobrado con anterioridad.
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