La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, durante una comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Montero, que ha comparecido para presentar los datos de ejecución presupuestaria de 2021, ha explicado que la prórroga hasta junio de las rebajas de impuestos a la luz tendrá un impacto en las arcas públicas de 1.797 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones de Hacienda, aunque la cifra “puede variar en el trimestre” ya que depende del coste de la electricidad.
Estos casi 1.800 millones de euros se dividen en un impacto de 217 millones de euros por la prórroga en la rebaja del IVA del 21% al 10%; otros 224 millones por la suspensión del impuesto sobre generación del 7%; y el resto del dinero (1.356 millones) por la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%.
Desde que se pusieron en marcha estas medidas el impacto en la recaudación ha sido ya de unos 7.000 millones de euros, mientras que “en caso que se prorrogara hasta los dos trimestres siguientes el impacto sería de 12.000 millones de euros variables según evolucione el precio de la luz”, ha explicado Montero.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró 2021 en el 6,76% del PIB, 3,3 puntos porcentuales por debajo del dato de 2020, hasta los 81.521 millones de euros, lo que supone un descenso de casi un 28% frente al ejercicio anterior. El dato se sitúa además 1,6 puntos por debajo de la estimación del Gobierno (8,4%) y supone la mayor reducción registrada en la serie histórica.
La distribución de los datos de 2021 por subsectores muestra que la Administración Central asumió la mayor parte del déficit, con una tasa que se situó casi en el 6% del PIB, mientras que las comunidades autónomas cerraron en equilibrio; la Seguridad Social registró un déficit del 1%; y las entidades locales presentaron un superávit del 0,3% del PIB.
Con estos datos, y manteniendo la “prudencia”, Montero se ha mostrado convencida de que el Gobierno está en línea para cumplir este año el objetivo de déficit, que se sitúa en el 5% del PIB. La ministra ha desmarcado además el cumplimiento de este objetivo de una mayor recaudación vía IVA debido a la inflación.
“Soy prudente, me parece aventurado de hacer una previsión en un entorno de intensa volatilidad”, ha justificado. “Los cambios estructurales en el mercado regulatorio eléctrico pueden corregir” la evolución de la inflación en lo que resta de año.
En el mismo sentido, ha defendido que “los buenos datos de recaudación en 2021 no se explican por la inflación”, ya que los mayores incrementos se registraron en tributos que no están ligados a los precios. Es el caso del IRPF, por el impacto positivo del empleo y la renta de las familias, así como de la subida del salario mínimo interprofesional. También del impuesto de sociedades, en la que la recaudación aumentó más de un 60% respecto a un 2020 muy complicado para las empresas por el Covid-19.
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