Valla
El todavía sin estrenar Centro Penitenciario de Málaga II, en Archidona (Málaga), es el lugar donde el Gobierno ha decidido trasladar a más de 500 inmigrantes recién llegados a las costas de Murcia. Una decisión que permite al Ejecutivo saltarse – o burlar – varias leyes que protegen los derechos de los extranjeros.
El artículo 25.3 de la Constitución, y los artículos 60 y 62 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esas son las leyes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está ‘toreando’ con su decisión de recluir a los inmigrantes en un centro penitenciario.
A pesar de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegure que esta cárcel no funciona como tal y que es un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional, el Boletín Oficial del Estado le contradice. El 18 de marzo de 2017 detalló la creación, en el término municipal de Archidona (Málaga), de “un nuevo Establecimiento Penitenciario con la denominación de «Centro Penitenciario Málaga II»”.
Esa notificación del BOE ya concretó que la organización y funcionamiento del nuevo Centro Penitenciario se regiría por lo dispuesto en esa orden, de carácter penitenciaria. Este hecho provoca que el Gobierno burle las tres leyes mencionadas en el segundo párrafo.
La primera de ellas, el 25.3 de la Carta Magna, que dice que no se podrá imponer penas privativas de libertad a las personas sancionadas por cuestiones administrativas, como es el caso de los inmigrantes en condición irregular.
Los artículos 60 y 62 de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social determinan que los centros de internamiento de extranjeros (CIE) son establecimientos públicos de carácter no penitenciario. Por tanto, incluso según la teoría de Zoido, el Gobierno podría estar saltándose la ley.
En ese sentido se han pronunciado la mayoría de sindicatos y asociaciones humanitarias e incluso penitenciarias. Por ejemplo, José Luis Pascual Criado, Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), amenaza incluso con emprender acciones legales contra el Gobierno.
“Estaríamos ante un atropello sin precedentes de los derechos fundamentales de las personas; los cuales nuestro país acata como miembro de la Unión Europea”, critica Pascual Criado en un comunicado de Acaip, donde exige a Zoido la reversión del estado de los inmigrantes. Si no lo hace en un plazo de 24 horas, Acaip “se verá obligado en acudir a los tribunales de justicia al objeto de que restauren la legalidad”.
CCOO también considera que el Gobierno está violando la ley. “Además de representar una vulneración de los más elementales derechos humanos, es una flagrante vulneración de la legislación vigente”, denuncia en un comunicado.
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