Central nuclear de Garoña
El Gobierno ha publicado la orden ministerial por la que se inicia el procedimiento y también se autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor -empresa formada por Iberdrola y Endesa- a Enresa, responsable del desmantelamiento, que tendrá lugar en los próximos días.
En concreto, el proyecto -informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear- consta de dos fases, que abarcan hasta 2033 y con ese presupuesto de 475 millones de euros, y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea.
El Ministerio, mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.
Situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.
En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar un proyecto que consta de dos fases a lo largo de una década y cuenta con un presupuesto -sin contar con la gestión del combustible gastado- de esos 475 millones.
En la fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.
Mientras, en la fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.
En 2020 el Instituto para la Transición Justa empezó a trabajar en los 27 municipios donde se han identificado impacto en el empleo y en la renta tras el cierre de la central, de acuerdo con el Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa para las zonas en las que se habían producido cierres de instalaciones sin planes de reactivación.
En mayo de 2021, el gabinete dirigido por Teresa Ribera, la Junta de Castilla y León; el Gobierno Vasco y los municipios -por medio de la FEMP y AMAC-, firmaron el protocolo de actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.
El ITJ ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; son de índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa.
Se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.
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