La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en Moncloa.
“Este incremento retributivo se ejecuta por cumplirse lo establecido en la ley de PGE correspondiente a 2023, que recoge dicha posibilidad cuando la suma del IPC Armonizado (IPCA) de 2022 y del dato de IPC adelantado por el INE del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6%”.
Así lo detalla el Ministerio de Hacienda en una nota en la que explica que en el primer caso, el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el segundo ha alcanzado el 3,2%. “Esto da como resultado un porcentaje del 8,7%, lo que mandata a llevar a cabo esa subida de medio punto”.
Con este Acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno “persevera en dar una respuesta social a la crisis económica provocada por la espiral inflacionista mundial”. “Así, no se deja atrás a los empleados y empleadas públicas, que pasan de perder poder adquisitivo en crisis anteriores a contar con una actualización de sus remuneraciones”, defiende.
La subida beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas. La mayoría de ellas trabajan para las comunidades, que ocupa a casi el 60% de todo el personal que trabaja para el Estado.
La inversión para aplicar la medida será de 791 millones de euros, con una media de incremento de 180 euros en la nómina anual.
El Consejo de Ministros también ha abordado hoy la actualización del régimen retributivo en la Administración de Justicia. Jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia verán incrementadas sus retribuciones con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 tras los acuerdos alcanzados con las asociaciones judiciales y los sindicatos durante este año.
En lo referido a jueces y fiscales, se aprueba la actualización del complemento de destino por representación, que será de entre 440 y 450 euros mensuales en función del órgano y el destino de los profesionales.
Esto se ejecutará de forma gradual entre 2023 y 2024, abonando un 40% con efectos a 1 de enero de 2023, otro 40% a partir del 1 de enero de 2024, y el restante 20% tendrá efecto desde el 1 de julio de 2024.
En cuanto a las retribuciones de letradas y letrados de la Administración de Justicia, el Gobierno reconocerá su labor con un complemento específico transitorio de 430 euros mensuales en el año 2023. Este se devengará de manera progresiva con efectos a 1 de enero de 2023, a partir del 1 de enero de 2024 y, por último, desde el 1 de julio de 2024.
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