El Gobierno ha aprobado este martes el Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la economía y los territorios, que seguirá ampliando la cobertura de banda ancha de alta velocidad hasta alcanzar al 100% de la población, y la Estrategia de Impulso al desarrollo de la tecnología 5G, que son aspectos «esenciales» para el impulso de «uno de los grandes retos» a los que se enfrenta España, como es la transformación digital del país.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que ambos planes «van a ser y son ejes fundamentales» de la agenda España Digital 2025, que fue presentada por el Gobierno el pasado mes de julio.
En concreto, la agenda prevé una inversión pública de 4.320 millones de euros en ambos ejes, de los que 883 millones ya se han incluido en los Presupuestos Generales de Estado de 2021, y confía en que esta política tractora permita movilizar inversiones privadas de en torno a 24.000 millones de euros.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital remarca además que conectividad y 5G han sido identificados como «palancas de recuperación e impulsores de la transformación digital» en la Estrategia Anual de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea.
En esta línea, también se señalan en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, presentado el pasado 7 de octubre, y que destinará un 33% de sus fondos a la digitalización.
Ambos planes han sido compartidos previamente con los miembros de la Comisión Permanente de Telecomunicaciones del Consejo del Consultivo para la Transformación digital, un foro para la colaboración público-privada en el que están representados operadores de telecomunicaciones, fabricantes, instaladores, proveedores de servicios, consultoría e integradores vinculados al sector de las telecomunicaciones y audiovisual, así como expertos, entidades económicas y sociales.
En el caso del Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la economía y los territorios, Montero ha señalado que va a permitir ampliar la cobertura de banda ancha de alta velocidad con el objetivo de alcanzar el 100% de la población. «Es un reto ambicioso, pero también creemos que viable y realizable», ha afirmado.
En esta línea, ha subrayado que el plan está en línea con la lucha contra la despoblación y la Estrategia Nacional para el reto demográfico, ya que va a permitir «contribuir a la cohesión territorial, impulsar el crecimiento económico, apoyar la transformación digital de las actividades económicas y facilitar a la población el acceso a servicios esenciales también a distancia».
«El objetivo es que toda la población, con independencia de donde viva, disfrute de estos avances de conectividad en un plan especialmente relevante para esta España rural», ha incidido la portavoz del Gobierno.
El plan, que tiene prevista una inversión de 2.320 millones de euros hasta 2025, 583 millones en los PGE de 2021, está alineado con los objetivos de la Unión Europea (UE) sobre las actividades relacionadas con el papel de la conectividad en la transformación digital, tales como la construcción del Mercado Único Digital y la Sociedad Europea del Gigabit.
El programa se basa en tres ejes, el primero de los cuales es la extensión de banda ancha para favorecer la vertebración territorial e incluye medidas para incentivar el despliegue de banda ancha en centros urbanos, zonas despobladas, centros de referencia y asistenciales, de forma que se alcance en 2025 una velocidad de 100 megabits por segundo para el 100% de la población.
El segundo eje, conectividad para la empresa, recoge todas las acciones de refuerzo de conectividad asociadas a los entornos empresariales, como polígonos industriales, centros logísticos o parques empresariales. La meta es que el 100% de los polígonos industriales tengan una conexión escalable a un gigabit por segundo en 2025.
En lo que se refiere a las pymes, se pondrá en marcha un programa para facilitar bonos de conectividad digital para las pequeñas y medianas empresas que participen en programas públicos de impulso a su digitalización.
El tercero, ‘España, Hub de datos’, recoge medidas para mejorar la conectividad de las infraestructuras digitales transfronterizas y el impulso a la participación en programas europeos de interés común (IPCEI) en el período 2021-2027, como la alianza industrial para servicios en la nube y el sistema satelital de comunicaciones seguras.
Por último, el Plan incluye dos ejes transversales, uno relativo a la reforma normativa y sistemas de Información pública (que incluye la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones), y otro a la renovación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, incluyendo medidas de apoyo a la eficiencia energética.
En cuanto a la estrategia de impulso a la tecnología 5G, Montero ha remarcado que busca aprovechar la hiperconectividad que ofrece la irrupción de la quinta generación de la tecnología móvil «en beneficio de la transformación económica» que se está impulsando en España.
En este sentido, ha resaltado que España parte de una «posición privilegiada» en este campo, ya que es el país de la UE que más experiencias pilotos ha realizado relacionadas con la nueva tecnología móvil (32 de las 245) y el segundo en número de ciudades con cobertura 5G tras Reino Unido, con 39 territorios habilitados.
En este sentido, ha recordado que la estrategia de impulso al 5G, recogido en la agenda España Digital 2025, es «ambiciosa», ya que prevé una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2025, de los que 300 millones de euros ya están previstos en los PGE de 2021.
La estrategia se compone también de tres ejes, el primero de los cuales incluye acciones para facilitar la disponibilidad de las bandas de frecuencia prioritarias para el 5G. En este sentido, España ya subastó en 2018 una de ellas, la de 3,5 GHz, lo que ha impulsado las primeras ofertas comerciales de los operadores, y está previsto que se realice la subasta de la banda de 700 MHz en el primer trimestre de 2021.
El segundo eje establece medidas de apoyo al despliegue de redes para alcanzar al 75% de la población española con cobertura 5G, así como cobertura 5G ininterrumpida en las principales carreteras, ferrocarriles y puntos singulares como aeropuertos.
Asimismo, dado que el despliegue del 5G es parte de una política de vertebración territorial y cohesión económica y social, se habilitará un instrumento de ayudas que incentive al despliegue en aquellos territorios y corredores donde se proporcione un mayor efecto transformador. Además, se promueve el uso de 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial.
El tercer eje incorpora medidas para crear un marco regulatorio y administrativo que propicie un clima inversor, como la Ley de Ciberseguridad, que debe transponer al ordenamiento jurídico español los instrumentos y medidas (toolbox) que los Estados Miembros de la UE consensuaron a principios de este año con el fin de mitigar los riesgos de seguridad en las redes 5G y crear «un entorno seguro y confiable que impulse el despliegue y fomente la adopción».
«Estas infraestructuras van a formar parte de una política de vertebración territorial y cohesión social en donde vamos a habilitar ayudas a su despliegue, provocando un mayor efecto transformador utilizando esta posición ventajosa», ha concluido Montero.
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