La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en Moncloa.
Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ministros, si bien no ha ofrecido nuevos detalles sobre el programa de reformas que irá aparejado a este plan, y que incluyen el mercado laboral, el sistema tributario y las pensiones. La ministra sí ha destacado que España cumple con el plazo fijado por la Comisión Europea (el 30 de abril) para que los Estados miembro presenten sus planes.
«Es la mayor oportunidad que vamos a encontrar en los próximos años», ha remarcado Montero, tras explicar que, según el calendario, la Comisión Europea tiene hasta dos meses para dar el visto bueno al Plan, aunque no es necesario que esté aprobado por Bruselas para que se proceda a su implementación, como ya se ha venido haciendo, según ha apuntado la ministra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en rueda de prensa y ante el Congreso de los Diputados hace dos semanas para detallar el contenido del documento provisional del Plan de Recuperación, articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reconstrucción que recibirá España para hacer frente a la crisis.
Entre los objetivos fundamentales que se ha marcado el Ejecutivo destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea a España en un siglo para lograr una verdadera transformación de su economía, en palabras del propio Sánchez.
Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i, según especificó el presidente.
Entre las inversiones, se contemplan 20 principales para los tres próximos años, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.
Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.
En total, se movilizarán en el periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto «inmediato» en la economía y en el empleo este mismo año.
En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y además contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.
Desde el Ejecutivo han transmitido su confianza en que se mantenga la hoja de ruta prevista para que la Comisión pueda aprobar en junio los planes de recuperación. No obstante, confía en que Bruselas flexibilice la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado para acelerar los proyectos.
A la espera de que lleguen los fondos, el Gobierno ya ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la canalización de más de 27.000 millones de euros, a financiar con dichos fondos y que se destinarán a las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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