Así lo ha confirmado el propio Ejecutivo a través de una instrucción del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que aclara que esta obligación no se aplicará durante el año 2025. La decisión se toma tras valorar que la nueva normativa del subsidio solo estuvo vigente en los últimos dos meses del ejercicio pasado.
Aplazamiento de la medida por el desfase temporal de la normativa
En un principio, el Gobierno había establecido que los beneficiarios de la prestación por desempleo tendrían que acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales mediante la presentación de la declaración del IRPF de 2024, una condición necesaria para seguir percibiendo el subsidio.
Sin embargo, la norma que regula esta exigencia solo entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, lo que supone que durante la mayor parte del año pasado no existía dicha obligación. Esta circunstancia ha llevado al Ejecutivo a reconsiderar la aplicación inmediata de la medida.
“No se procederá a exigir en 2025 la presentación del IRPF de 2024 a los perceptores del paro”, han asegurado fuentes gubernamentales
Sin sanciones ni pérdida de la prestación por no presentar la declaración
Con esta decisión, el Gobierno descarta aplicar sanciones o penalizaciones a quienes no presenten la Declaración de la Renta 2024. Tampoco se pondrá en riesgo el cobro de la prestación por desempleo en 2025 por este motivo.
Esta instrucción del SEPE aclara que la medida se pospone hasta que el Gobierno establezca un nuevo calendario de aplicación. De este modo, los beneficiarios del subsidio podrán mantener su prestación sin necesidad de cumplir con esta obligación tributaria durante el presente año.
Reforma del subsidio por desempleo: próximos pasos
La reforma del subsidio por desempleo, que entró en vigor el pasado noviembre, incluye cambios significativos en el acceso y mantenimiento de estas ayudas. Entre las nuevas exigencias se encuentra la obligatoriedad de presentar la declaración del IRPF, que se aplicará en futuros ejercicios fiscales.
El Ejecutivo trabaja en la elaboración de un reglamento que concrete cómo y cuándo deberán cumplir los beneficiarios con esta condición, con el objetivo de garantizar la transparencia y el control en la concesión del subsidio.
