“Es un día importante para las trabajadoras, las mujeres y las familias de nuestro país”, ha afirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz para quien no se trata de “una norma más”, ya que “tiene mucho efecto en nuestras vidas”.
Según ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, “lo que proponemos es saldar una deuda histórica y resolver un agravio que ha sido permanente”. “Es el momento de reconocer a un colectivo que siempre ha sido invisibilizado, discriminado en el mercado laboral e históricamente en la percepción social”, ha remarcado.
De hecho, la regulación especial de la que goza este colectivo ha servido para dar cobijo a fórmulas de contratación y extinción “más laxas”, con regulaciones del tiempo de trabajo y de las condiciones laborales “opuestas al derecho a la igualdad” y a la no discriminación además de excluirlas de importantes aspectos de la protección social, ha apuntado Trabajo.
“El tratamiento al trabajo del hogar ha sido la antítesis de la modernización de nuestro país. La norma que hoy presentamos nos permite seguir avanzando y tener un país mejor”, ha defendido Díaz.
Prevención de riesgos laborales
En el real decreto se ha definido el derecho a la seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta que las empleadas de hogar realizan su labor en hogares que carecen de entidad empresarial de la persona empleadora, del ámbito privado donde se prestan los servicios y de la pluralidad, en determinados supuestos, de personas empleadoras delimitando los términos y garantías que se reconocían en este derecho.
Se reconoce también el derecho a la vigilancia de la salud que podrá incluir un reconocimiento médico voluntario, único por cada persona trabajadora, aun cuando preste servicio por cuenta de varias personas empleadoras.
Asimismo, se tiene en consideración a las personas empleadoras por sus características personales o su discapacidad que no puedan asumir directamente las obligaciones preventivas ya que podrán delegarlas en una persona de su entorno personal o familiar.
Para facilitar que estos nuevos derechos se materialicen y no supongan carga alguna para familias y personas empleadoras el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de la realización gratuita de los reconocimientos médicos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Además, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborará una herramienta gratuita que facilitará a las personas empleadoras el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos. Este instituto también elaborará una Guía Técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico y se pondrá a disposición de las trabajadoras un Protocolo en caso de acoso.
La persona empleadora deberá proporcionar a las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones y adoptará las medidas necesarias para que su utilización pueda efectuarse de forma segura
Junto a esto, se regula el derecho de las personas trabajadoras a la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, sin que ello pueda entrañar ningún perjuicio para la persona trabajadora.
