Jaime Ponce, presidente del FROB, durante su intervención en el Curso de Economía organizado por la APIE en la UIMP
El Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) ha adjudicado a Clifford Chance, DLA Piper, Garrigues y KPMG Abogados los cuatro contratos que lanzó el pasado mes de octubre en el marco de un proceso de licitación pública con el que buscaba despachos de abogados para ayudarle en los procesos de resoluciones de bancos pequeños.
«La Mesa de Contratación acordó, en su sesión del 28 de diciembre de 2019 al 2 de diciembre de 2019, elevar al Órgano de Contratación propuesta de adjudicación a favor de las cuatro empresas que continuaban en el procedimiento: Álvarez Clifford Chance, DLA Piper, Garrigues y KPMG Abogados», según consta en el documento de adjudicación enviado a la plataforma de contratación del sector público, que ha adelantado ‘Expansión’.
La recepción de ofertas por parte de los candidatos a asesores finalizó el pasado 7 de noviembre. El organismo público puso en marcha este procedimiento al estimar que precisa de ayuda para la preparación y ejecución de resoluciones de entidades de crédito menos significativas que se encuentren cerca de la quiebra.
Con estas cuatro compañías especializadas en servicios jurídicos, el FROB cierra este concurso, que se completa con la adjudicación comunicada el pasado 15 de enero de otras cuatro entidades expertas en servicios estratégicos: Álvarez & Marsal, Analistas Financieros Internacionales (Afi), KPMG y Nomura.
El valor estimado de los contratos asciende a 4 millones de euros en el caso de las entidades de servicio estratégico y hasta 900.000 euros para los despachos de abogados, mientras que el plazo de ejecución inicial será de dos años, hasta un máximo de cuatro.
Con estas adjudicaciones, el FROB pretende estar preparado para dar una respuesta ágil en el caso de que algún banco pequeño se encuentre en una situación problemática, reforzando su capacidad en los procesos de resolución.
Las funciones que deberán desempeñar las empresas seleccionadas para el asesoramiento estratégico, que pueden ser extranjeras siempre y cuando estén sometidas a la jurisdicción de los tribunales españoles, serán las del diseño de los instrumentos necesarios para preparar la resolución según el Mecanismo Único de Resolución o valorar las posibles alternativas en función del apetito de mercado y concurrencia de interés público.
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