Javier López Madrid, consejero de OHL, en el Congreso.
Los abogados del empresario Javier López Madrid han renunciado a seguir defendiéndole en la macrocausa de corrupción ‘Púnica’, en la que se encuentra investigado, y en el caso ‘Lezo’, por la que la Fiscalía solicita seis años de prisión.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el bufete de abogados Bussiness&Law ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de ambas causas, en el que comunica que deja su defensa.
La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer a mediados del pasado mes de diciembre su petición de seis años y medio de prisión contra el yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir por cohecho activo y falsedad en documento mercantil por su presunta implicación en el pago de una comisión ilícita de 1,8 millones de euros para que la constructora fuera la adjudicataria de las obras del tren entre los municipios madrileños de Móstoles y Navacarnero, que no llegó a culminarse.
Según explica la Fiscalía en su informe, entre los beneficiarios de dicha comisión se encuentra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González –presidente del Canal Isabel II y vicepresidente de la región en el momento de los hechos– a fin de que éste ejerciera su influencia sobre el órgano de contratación de Mintra, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid que licitaba la obra. Por ello, Anticorrupción pide 4 años de cárcel para el exdirigente ‘popular’ madrileño.
En cuanto a Villar Mir, que contaba con la misma defensa que López Madrid en este caso en el que también ha estado investigado, el juez finalmente no le ha procesado, teniendo en cuenta que Anticorrupción solicitó el pasado octubre el archivo de la causa con respecto al expresidente de OHL, entre otros investigados, al no apreciar indicios suficientes para formular acusación.
En el caso de ‘Púnica’, López Madrid se encuentra investigado por haberse repartido presuntamente una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, como resultado del amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.
Durante su declaración judicial en febrero de 2018, López Madrid negó el reparto de mordidas aprovechando la posición de Granados en el año 2004 como consejero madrileño de Transportes. En este sentido, precisó que su labor consistió únicamente en poner a OHL en contacto con Marjaliza, ya que el grupo de la constructora tenía exceso de empresas con diferente calificación y vendían activos para que la sociedad de Marjaliza pudiera presentarse a concursos.
Estas no son las únicas causas en las que López Madrid se encuentra investigado en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, también ha abierto una pieza separada en el caso ‘Tándem’ para investigar si encargó al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo agredir a la doctora Elisa Pinto.
Sobre este asunto, López Madrid tendrá que ir a declarar el próximo lunes 18 de enero a la Audiencia Nacional y para ello cuenta con la defensa ejercida por Javier Sánchez-Junco, abogado del rey emérito Juan Carlos I.
Paralelamente, la titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez, propuso juzgar a López Madrid por los presuntos delitos de amenaza y acoso a la doctora Pinto y al comisario jubilado José Manuel Villarejo por «lesiones con un instrumento peligroso».
La magistrada entiende que «existen indicios suficientes de la participación» de ambos investigados en el apuñalamiento que sufrió la dermatóloga en 2014. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid continúa investigando la denuncia interpuesta por el empresario contra Pinto por amenazas.
López Madrid también se ha visto salpicado por otras causas que han sido juzgadas en la Audiencia Nacional. El pasado mes de septiembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal dictó la sentencia absolutoria contra los acusados por la salida a Bolsa de Bankia, entre los que se encontraba.
Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó en 2018 los seis meses de prisión por el uso fraudulento de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid.
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