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El desarrollo en España de todo su potencial de producción de gases renovables podría permitir reducir unos 35 millones de toneladas de CO2, lo que representa un recorte de más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero previstas para el año 2030, según los datos de un estudio realizado por la Fundación Naturgy.
En concreto, este valor equivale al CO2 que emite todo el parque de turismos en un año o el que absorbió toda la superficie forestal de España en 2017, señala el informe ‘Los gases renovables. Un vector energético emergente’, realizado por Xavier Flotats, doctor ingeniero industrial y profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y Álvaro Feliu, ingeniero de Caminos de la UPC y experto asesor ambiental.
En la banda baja equivaldría a la cuarta parte de la demanda actual de gas en España, pero «podría cubrirse hasta un 65% de la demanda actual de gas natural con este tipo de gases, siempre que se impulse su desarrollo de forma decidida y sin mayor demora», destacó Flotats.
Los gases renovables contribuyen de forma significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a la gestión de residuos, y resultan clave en el nuevo paradigma de la economía circular y la descarbonización del sistema energético, por lo que los expertos valoran que pueden contribuir de forma activa a la Estrategia Española de Economía Circular aprobada esta misma semana por el Gobierno.
«Aunque a España le queda aún camino por recorrer, nuestro país cuenta con un notable potencial en este terreno, fundamental para la consecución de los objetivos de lucha de control del cambio climático», añadió Flotats.
POLÍTICAS «DECIDIDAS» QUE INCENTIVEN SU USO
No obstante, para el desarrollo de los gases renovables los autores del estudio ven necesarias «políticas decididas» que incentiven su uso e implantación.
En este sentido, una de las medidas más relevantes para promover su implantación tiene que ver con el mecanismo de garantías de origen, del que ya disponen la mayor parte de los países europeos. Aunque en España aún no opera, está prevista su implantación en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética presentado por el Gobierno recientemente.
En Europa, países como Alemania, Reino Unido o Suecia están muy avanzados en el desarrollo de este nuevo vector energético, que España busca impulsar con la futura Ley de Cambio Climático.
Así, en el Viejo Continente hay instaladas más de 540 plantas de producción de biometano, mientras que en España sólo hay una. En concreto, el 66% de las plantas (357) se sitúan en sólo tres países: Alemania (líder con 195 y el 50% de la producción europea), Reino Unido y Suecia, mientras que en países como Francia, Italia, Holanda o Dinamarca ya se cuenta con medidas que están impulsando su desarrollo.
Según el estudio, España debería focalizar su esfuerzo teniendo en cuenta sus condiciones climáticas, disponibilidad de recursos y el sistema gasista existente.
«El sector gasista en su conjunto debe continuar involucrándose en el desarrollo tecnológico necesario, y las administraciones públicas competentes han de apoyar esta tarea y crear un marco regulatorio estable y suficiente para permitir la viabilidad económica a largo plazo de las empresas inversoras», subrayó Feliu.
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