El Defensor del Pueblo reclama que se garantice la “suficiencia económica” de los pensionistas

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este lunes a las Cortes Generales el Informe Anual 2017 en el que se analizan las consecuencias de la crisis en la aplicación de los derechos sociales. Un documento en el que se habla también de las pensiones. En su opinión, es “preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica” de los que hoy son pensionistas y de los que lo serán en el futuro.

Para Fernández Marugán cualquier reforma del sistema, en especial de su financiación, “ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible”. Así lo defiende el Defensor del Pueblo, cuyo análisis constata que la “progresiva superación de los efectos más graves de la crisis económica no ha supuesto una mejora de la situación financiera del sistema de Seguridad Social”.

“A pesar del notable ritmo de crecimiento económico de los últimos tres años y a la vigorosa creación de empleo y recuperación del número de cotizantes, el desequilibrio de las cuentas del sistema se ha ido agrandando hasta situarse en 18.800 millones de euros en 2017”, se afirma en este informe.

Este desequilibrio “sigue siendo preocupante” y requiere de que se adopten medidas, ya que “parece difícil que a corto plazo el reequilibrio pueda lograrse simplemente a través de la recuperación de los empleos perdidos durante los años más duros de la crisis y de una progresiva mejora de las condiciones salariales”

Más allá de la cuestión de las pensiones, el Defensor del Pueblo sostiene en su informe anual que “la crisis ha originado un enorme coste social y nos ha separado de la senda convergente con la Unión Europea sostenida desde los inicios de la democracia”. Para Fernández Marugán “ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales”.

De esta manera, ha asegurado que la mejora de las políticas sociales “incidiría en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas” y ha puesto varios ejemplos. Entre ellos, están los jubilados, los dependientes, los parados de larga duración, las familias con todos sus miembros en paro, los jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo y los trabajadores pobres.

El Defensor del Pueblo ha lamentado que las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han provocado un “un pozo de desigualdad sin precedentes y han dañado al entramado institucional y a la cohesión social”.

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