Edificio de viviendas
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha irrumpido en el debate sobre el alquiler turístico ante las “numerosas quejas” recibidas por las normas aprobadas en algunas Comunidades autónomas en torno a la regularización de esta actividad. El responsable de esta institución propone que se apruebe una “normativa fiscal” que sirva para definir los requisitos del alquiler cuando esta práctica la hacen ciudadanos particulares.
Marugán ha planteado a la Secretaría de Estado de Hacienda la necesidad de que “clarifique la fiscalidad de los rendimientos producidos por el alquiler de inmuebles destinados a uso turístico” cuando los propietarios son personas físicas y no profesionales ni empresas. Y es que, si no se dictan “directrices claras”, se corre el riesgo de que esta actividad “quedará únicamente en manos de empresas e intermediarios en perjuicio de los propietarios particulares”.
Así lo afirma el Defensor del Pueblo en un comunicado en el que desvela que son muchas las personas que han hecho llegar su malestar a esta institución ante las actuales leyes autonómicas. Unas normas que, según Marugán, “imponen el cumplimiento de unos requisitos, como el alta en seguridad social y en un censo tributario, que en la práctica, impiden a los particulares alquilar sus viviendas”.
Para el exdiputado del PSOE el “núcleo” de esta cuestión está en que este mercado -el del alquiler turístico- ha experimentado “un cambio muy grande y muy rápido”. “Hasta fechas recientes, las viviendas alquiladas con fines turísticos por particulares solo encontraban inquilinos de forma local y ocasional”, recuerda el defensor, que destaca que “con el desarrollo de las comunicaciones y la aparición de plataformas en Internet que actúan como intermediarias, este mercado ha crecido y se ha flexibilizado”.
“Ya no se trata solo del alquiler de temporada, sino que se puede hacer durante todo el año, y no es necesaria la cercanía para conocer que existe un piso disponible”, remarca Marugán, que no ve “lógico” que la imposición de unos “requisitos desproporcionados deje a los ciudadanos fuera de este mercado”. Esto “afectaría a su derecho de propiedad o que los rendimientos por alquiler temporal acaben obteniéndose de forma opaca y sin tributar por ellos”, advierte el Defensor del Pueblo.
Por todo ello ha trasladado a Hacienda la necesidad de que se de luz verde a una “normativa fiscal” que acabe con esta situación y aclare a los particulares qué requisitos debe cumplir a la hora de poner su vivienda en alquiler para uso turístico. Todo esto evitaría la “inseguridad jurídica actual” y ayudaría a la “tributación por los rendimientos realmente percibidos”, insiste esta institución.
Y es que esta práctica todavía genera muchas dudas y preguntas entre propietarios y turistas, tanto en el tema fiscal como en el jurídico.
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