La reforma, según la cual los precios de unos 1,5 millones de viviendas se congelaron de acuerdo a los niveles de junio de 2019, recoge Europa Press, fue aplaudida por inquilinos y criticada por propietarios y promotores de viviendas.
El Constitucional argumenta que las regiones solo pueden adoptar regulaciones en asuntos en los que no exista norma alguna a nivel federal, algo que no se cumpliría en este caso porque ya existe una ley de índole nacional relativa a los precios de arrendamiento.
En ambos casos, explica, se trata de medidas que aspiran a proteger a los inquilinos de potenciales abusos en el alquiler en caso de viviendas no subsidiadas. Por tanto, la ley berlinesa “es nula en su totalidad”, concluye el tribunal en un comunicado.
