El Congreso ha vetado este jueves la pretensión de Esquerra Republicana (ERC) de aprovechar los trabajos de la Comisión de Reconstrucción tras el coronavirus para reclamar al Gobierno los gastos que cubre a la Casa Real al margen de la dotación incluida en los Presupuestos Generales.
En concreto, en el listado de documentación solicitado para esta comisión, Esquerra había incluido los datos detallados por ministerios dedicados a la Casa y Familia Real desde 2008 hasta el presente año, con independencia de la cantidad destinada a la Casa del Rey en los Presupuestos.
Sin embargo, la Mesa de la Comisión de Reconstrucción, que preside el exlehendakari socialista Patxi López, ha rechazado esta petición de los independentistas catalanes, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Habitualmente, tanto el PSOE como el PP en la Mesa del Congreso suele vetar las informaciones relativas a la Casa del Rey apoyándose en informes de los letrados que alegan que no está entre las competencias de la Cámara Baja controlar a la Monarquía.
Con este argumento se han rechazado ya en esta legislatura varias peticiones para abrir una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del Rey Juan Carlos I y sus supuestas cuentas en Suiza.
RECONSTRUIR SOBRE «PILARES CARCOMIDOS»
Durante su intervención en la reunión de la Comisión, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha admitido no sorprenderle que se haya retirado esta solicitud de su grupo. «Empezamos mal», ha dicho porque si lo que se pretende precisamente es reconstruir el país resulta «bastante incompatible» hacerlo «sobre pilares carcomidos».
En todo caso, ha apelado a la generosidad tanto del PSOE como del PP para permitir que no se vete este tipo de documentación y ha reclamado que este foro de debate se acabe convirtiendo en un «ellos se lo guisan, ellos se lo comen».
Entre la documentación que pide a la Comisión de la Reconstrucción, ERC también reclama el gasto armamentístico del Estado desde 2008 hasta la actualidad, así como las deudas de empresas armamentísticas y de I+D+i militar con el Estado; el gasto de embajadas, consulados y de todas las instituciones dependientes o financiadas por el Estado en el Exterior; y el gasto de las campañas institucionales de los últimos 12 años.
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