El Congreso manda al BOE la reforma que beneficia a presos etarras pese al intento del PP de aplazarla

Ley de convalidación de penas

El Congreso manda al BOE la reforma que beneficia a presos etarras pese al intento del PP de aplazarla

La Mesa de la Cámara baja acuerda enviar directamente el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación.

    Fachada del Congreso de los Diputados
    Fachada del Congreso de los Diputados

    La Mesa del Congreso ha dado por aprobada la ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA. Pese al intento del PP en el Senado por retrasarla, el texto será enviado directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación.

    “Tras analizar las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara”, la Mesa del Congreso ha decidido, según fuentes parlamentarias, que “le corresponde respetar los procedimientos reglados y entiende como validada la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea”.

    De esta manera, va a remitir al BOE la norma para su publicación.

    El Senado vetó ayer por mayoría absoluta la reforma que permitirá a los presos en el extranjero conmutar sus penas. En una decisión sin precedentes en esta Cámara, el PP tumbaba la ley y la devolvía al Congreso sin que se registrara previamente ningún tipo de enmienda ni veto.

    Esta decisión, detallaba el Senado en una nota, estaba avalada en un informe pedido por el presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán, a la secretaría general del Senado ante la situación inédita que se podía producir en el Pleno, como así sucedió.

    En este sentido, el texto destacaba que “nunca antes en democracia la mayoría absoluta del Pleno del Senado ha votado en contra de un proyecto de ley que no ha sido enmendado en Comisión”.

    “Un rechazo del texto en el Senado por mayoría absoluta, sin haberse presentado veto ni enmiendas, es un caso inédito”, subrayaba el texto de la secretaria general del Senado, que apunta que ante la falta de precedentes y a la vista de lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2022, puede considerarse, de conformidad con el artículo 106.1 del Reglamento del Senado, como un veto, dando lugar por consiguiente a la vuelta del texto al Congreso.

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