El Congreso ha dado luz verde a la reforma fiscal del Gobierno, que ha salido adelante con 178 votos a favor y 171 en contra. El Gobierno ha salvado así una votación clave para un nuevo desembolso de fondos europeos y con la que allana el camino de los presupuestos. Una victoria parlamentaria que ha venido precedida de intensas negociaciones. El plan fiscal parecía condenado fracaso, pero un acuerdo con Podemos ha dado la ‘vuelta a la tortilla’. Los morados han apoyado el paquete a cambio del compromiso del Ejecutivo de impulsar una ley con un impuesto a las energéticas antes de fin de año o prorrogar el gravamen para 2025.
Minutos antes de las 13 horas, el partido de Ione Belarra anunciaba un acuerdo con el PSOE para la aprobación del paquete fiscal. Un pacto, explicaban fuentes de la formación, que supone el “compromiso” de ambos partidos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas.
Para ello, en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos “necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto”. Si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno aprobará un real decreto con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025.
El pacto también incluye la exigencia puesta por Junts sobre la mesa al respecto. Es decir, que las energéticas puedan seguir desgravándose parte del impuesto con inversiones en descarbonización.
Tal y como han apuntado desde Podemos, “esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre”. Y han añadido que “la complejidad técnica de este impuesto y la necesidad de hacer un análisis riguroso de esta figura tributaria hace necesario seguir trabajando con los grupos para la justa contribución de este sector”.
El Ejecutivo de coalición ha conseguido el respaldo de sus socios y ha contado con el voto a favor de, además del PSOE y Sumar, de ERC, Bildu, BNG, Junts, PNV y Podemos para un proyecto de ley que también incluía un impuesto del 15% a las multinacionales.