Imagen del hemiciclo del Congreso. (Foto: Congreso)
En concreto, Sofía Acedo, del Grupo Parlamentario Popular, ha avanzado que pondrán al Gobierno “frente al espejo” y que, por ello, han decidido dar salida a esta toma en consideración, “para que se aborde con responsabilidad”. En este punto, ha indicado que Cáritas y otras entidades “que cuidan y trabajan con los inmigrantes” han pedido a la formación que aborde esta cuestión.
La socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE vota a favor de la ILP por el “respeto” que merece este procedimiento constitucional de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa y porque creen que necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración”.
Por su parte, la diputada de Vox Rocío De Meer, ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal está en contra de la ILP. “Queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común”, ha asegurado para añadir que la ILP es “efecto llamada”.
Gala Pin, de Sumar, ha pedido la regularización de las personas extranjeras “por justicia social, porque ninguna persona es ilegal”. Además, ha subrayado que, si la ILP se aprueba, “es un mandato” y “el Gobierno tiene que llevarlo a cabo”. “Por eso, esperamos que mañana a más tardar se cree un grupo con los diferentes ministerios implicados y que tienen competencias, para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de este mandato”, ha añadido, recoge Europa Press.
Hasta 800 ONG se han unido en el proyecto ‘Esenciales’ para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Para ello, han contado con más de 700.000 firmas que respaldan la iniciativa.
La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. La ILP se registró en la pasada legislatura en el Congreso y como estas iniciativas no decaen aunque se disuelvan las cámaras se ha retomado su tramitación.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes, según ha recordado Legalteam en declaraciones a Europa Press. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321. En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron.
Después, en el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352.
En el año 2001 fue denominado regularización por arraigo” y otorgó papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron.
El último proceso de regularización extraordinaria lo llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de migrantes.
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