Comunidad de Madrid

El comité de huelga en Atención Primaria estudia acciones jurídicas ante las actitudes represivas de Madrid por la recogida de firmas

El comité de huelga está integrado por miembros de Amyts, de CSIT UP, AP se Mueve o la Asociación Española de Pediatría, entre otros. Aunque todos ellos han dicho estudiar acciones legales, únicamente el sindicato médico Amyts, convocante de los paros que arrancaron el pasado día 21 de noviembre, ha anunciado que iniciará acciones jurídicas «al comprender que hay motivos jurídicos –aparte de los democráticos– para denunciar la Resolución de la Consejería de Sanidad».

La Consejería de Sanidad ha dictado este miércoles una resolución para garantizar un uso adecuado de los centros de salud tras detectarse que durante el transcurso de la jornada laboral se están utilizando estos dispositivos para la recogida de firmas y otras actividades distintas a la atención sanitaria en el marco de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que arrancó el pasado 21 de noviembre.

En ellas se recuerda que, de conformidad con la legalidad vigente, no está permitida la utilización de las instalaciones de Primaria para actuaciones distintas a la prestación del servicio sanitario en beneficio del paciente. Por ello, recalca que no se podrán realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud.

«Lejos de buscar una solución dialogada y consensuada a la grave situación que atraviesa la Atención Primaria madrileña, la Consejería de Sanidad utiliza sus energías en una actitud de confrontación y amenazas, auspiciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha subrayado el comité de huelga en otro comunicado.

Una actitud, ha recalcado, que «viene a alejar las posibilidades de una necesaria solución al problema», además de que «coarta la libertad sindical, de expresión de los ciudadanos y de información en el contexto de un conflicto sin resolver». Pese a ello, con el objetivo de «no poner en riesgo de expediente disciplinario a los profesionales de los centros de salud», han llamado a respetar el contenido de la resolución a pesar de su «dudoso calado democrático».

Asimismo, desde el comité de huelga se anima a ciudadanía a dar «una respuesta contundente a esta restricción de la libertad de expresión» con un «apoyo masivo a la recogida de firmas a través de los diferentes medios y redes sociales». «Animamos a que las hagan llegar físicamente a las diferentes organizaciones que apoyan dicha recogida o a sus médicos de familia y pediatras a la entrada o salida del centro si así lo desean», indican.

En cualquier caso, el comité de huelga reclama que «estas actitudes represivas y reprobables por parte de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Comunidad de Madrid» no desvíen del «verdadero objetivo de dotar a la Atención Primaria madrileña de los recursos necesarios para una atención de calidad y dar solución a la tozuda realidad de un millón de madrileños (200.000 de ellos niños) sin médico asignado».

El sindicato médico Amyts, por su parte, ha denunciado que esta resolución «coarta la libertad sindical, de expresión de los ciudadanos y de información en el contexto de un conflicto sin resolver» y anticipa que iniciará acciones jurídicas.

RECORDAR LEGISLACIÓN BÁSICA

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado, por su parte, que la instrucción no supone «ninguna amenaza» y ha defendido que se basa en recordar cuál es la «legislación básica» sobre el funcionamiento de los consultorios y las labores de los sanitarios.

«No se trata de ninguna amenaza, más bien al contrario, lo que ha hecho la Consejería de Sanidad es recordar cuál es la legislación sobre el funcionamiento que tienen que tener los centros de salud y las labores que tienen que tener los sanitarios», ha explicado el máximo responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios de comunicación desde el Hospital Niño Jesús.

En este sentido, el consejero ha incidido en que se trata del recordatorio de cuatro leyes, «que son normativa básica y que hay que cumplir en todo momento en el día y día y en el funcionamiento de los centros de salud».

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E.B.

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