Consejo General Poder Judicial
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, el Pleno ha rechazado por 11 votos frente a 7 el acuerdo alcanzado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 16 de enero, descartando igualmente por 9 votos en contra, 8 a favor y uno en blanco el texto alternativo propuesto por los vocales Enrique Lucas y Gerardo Martínez.
Las mismas fuentes indican que, a diferencia del Pleno ordinario del 26 de enero, cuando por falta de tiempo en esa sesión los 18 vocales decidieron convocar uno extraordinario para este 9 de febrero con el objetivo de abordar la crisis de vacantes, este jueves no ha habido decisión alguna para incluir el tema en el orden del Pleno ordinario del próximo día 23.
La Comisión Permanente proponía instar al Congreso y al Senado a la «inmediata renovación» del órgano de gobierno de los jueces y, entretanto, emplazaba a los jefes de ambas cámaras a que trasladasen a los grupos parlamentarios «la urgente necesidad» de acometer otra reforma para devolver plenamente al CGPJ su capacidad para hacer nombramientos.
Recordaba además que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ya se reformó el pasado mes de julio para que el CGPJ pudiera nombrar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC), algo que hizo el 27 de diciembre, permitiendo con ello que la corte de garantías completara su renovación parcial, pendiente desde el 12 de junio, a principio de año: el 9 de enero.
«Devuelta la atribución para efectuar nombramientos, siquiera reducida a los magistrados del Tribunal Constitucional, no resulta coherente negar la legitimidad para hacer lo propio con los restantes nombramientos», exponía el acuerdo de la Comisión Permanente, al que ha tenido acceso Europa Press.
Recalcaba que «la situación es particularmente grave en el Tribunal Supremo», reivindicando que su «carácter de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, le hace acreedor de recibir el mismo trato susceptible de remover los obstáculos que impiden su normal funcionamiento, desbloqueando la imposibilidad de cubrir las vacantes que en el mismo se vienen produciendo».
«Dicha situación queda evidenciada en el informe remitido por la Sala de Gobierno del alto tribunal, constatándose los gravísimos perjuicios que está originando a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos», resaltaba.
En cuanto al documento elaborado por Lucas y Martínez, instaba igualmente a Congreso y Senado a proceder a la inmediata renovación del CGPJ o a devolverle sus competencias y, hasta entonces, pedía que habilitaran al órgano de gobierno de los jueces a efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir, a propuesta motivada de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el mínimo de vacantes necesario para garantizar el normal funcionamiento de sus distintas salas.
El CGPJ acordó reunirse este jueves para abordar de forma monográfica las «disfunciones» que está provocando en la cúpula judicial su interinidad después de que el Supremo le pidiera urgir a las Cortes Generales a dar una solución «inmediata» a la «situación insostenible» que atraviesa el alto tribunal por sus 19 vacantes.
El informe de la Sala de Gobierno del TS recordó que el Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, alertando de que, sin embargo, las cifras actuales distan de ser ideales: se encuentra sin presidente titular y con un total de 19 vacantes.
La sede judicial estimó que en 2023 en sus salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo –que son las dos más afectadas– se dictarán unas 1.230 sentencias menos –570 menos en Contencioso y 660 en Social–, «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas.
El Supremo avisó de la «situación crítica» en la que se encuentran actualmente la Sala de lo Social –con 5 vacantes en una plantilla de 13– y la Sala de lo Contencioso-Administrativo –con 10 vacantes en una plantilla de 33–. Por ello, reclamó una dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados.
En este contexto, los magistrados del TS consideraron necesario que el Parlamento establezca un «remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore».
En concreto, el Supremo proponía dotar 15 plazas de letrados del Gabinete Técnico para ser cubiertas por magistrados para paliar la «situación crítica» de las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo.
El Gabinete Técnico explicaba que esos 15 letrados apoyarían a las salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada.
Según destacaba, «con una situación de la que el TS no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas».
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