El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont interviene en el acto del Consell de la República en Perpiñán (Francia)
Así lo ha señalado en la nota de opinión ‘Una salida para Cataluña, una propuesta para España’, que ha hecho pública este jueves, en la que ha lamentado que la «actual fase de normalización en Cataluña» podría verse frenada por las causas abiertas por la justicia a los líderes independentistas catalanes y, textualmente, a varios centenares de cargos públicos y encausados.
No obstante, la entidad empresarial ha dicho que estas medidas no deberían responder a cálculos partidistas y ha alertado de los riesgos de aprobar una amnistía «para ganar una investidura».
Ha pedido por ello que se discuta en el Congreso de los Diputados y que la amnistía ofrezca «la máxima seguridad» jurídica para que el Tribunal Constitucional no la revoque.
Los beneficiados de la amnistía, por su parte, deberían aceptar el «marco establecido por la Constitución», ya que «las reafirmaciones en la unilateralidad son incompatibles con cualquier pacto dirigido a la normalización política», a su juicio.
El Cercle ha pedido que se elabore un nuevo Estatut de Autonomía para Cataluña que «garantice un marco de convivencia para las próximas décadas» y contra el que, si se aprobara en referéndum, textualmente, no cabría recurso alguno.
De todos modos, ha indicado que el nuevo Estatut debería «encajar bien» con una reforma del modelo territorial para, en sus palabras, evitar una nueva colisión entre la norma catalana y la Constitución, como han asegurado que pasó en 2010.
Ha recordado que «el problema de Cataluña no es solo el camino equivocado» del independentismo, sino, en sus palabras, la ruptura del consenso estatutario que se produjo con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de 2010.
La entidad ha subrayado que es «preciso un reconocimiento del carácter plural de España» y que la distribución de competencias entre Estado y autonomías requiere de más claridad.
Así, dice que Cataluña debería tener competencias exclusivas en lengua, enseñanza, cultura, derecho civil, ordenación territorial u organización interna de la administración autonómica, con lo que «quedaría protegido el bloque identitario, eje del sentimiento nacional catalán».
La nota de opinión ha reiterado la necesidad de mejorar las infraestructuras de energía y movilidad en Cataluña, así como aumentar la inversión en I+D+I.
Ha asegurado que para materializar estas inversiones es necesaria una «buena gestión» de la Generalitat y un incremento de la colaboración público-privada, aunque, textualmente, muchas de las inversiones necesarias son financiadas por el Estado.
«Cabe apelar a cumplir el objetivo de la disposición transitoria tercera del Estatut de 2006», que marca que la inversión estatal en Cataluña debe ser igual a su peso en el Producto Interior Bruto (PIB).
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