“A su vez, el crecimiento de la renta de estos hogares estaría condicionado por la situación laboral de los mismos y se vería limitado por el escaso dinamismo de la productividad de la economía”, continúa el informe. “Estas dinámicas”, detalla la institución, “han dado lugar a un incremento del esfuerzo asociado a la residencia en una vivienda de alquiler, en relación con la renta de los hogares, que se concentra en las principales áreas urbanas y turísticas y entre los hogares con menores ingresos”.
Debido a esto, “la economía española destaca entre las de la UE-27 por la elevada proporción de hogares arrendatarios que se encuentran en una situación de sobresfuerzo para hacer frente al gasto del alquiler de la vivienda”. “Un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública”, sostiene el Banco de España.
“En particular, estos significativos esfuerzos dificultan la emancipación de los jóvenes y su capacidad de acumulación de capital humano, disminuyen la movilidad geográfica de los trabajadores, y dan lugar a situaciones tanto de sobresfuerzo y consumo restringido como de pobreza y exclusión social entre los hogares con menores ingresos”.
Tal y como apunta, “la magnitud del problema diagnosticado hace difícil vislumbrar que actuaciones aisladas de corto plazo puedan tener el alcance suficiente como para reducir de forma significativa las actuales dificultades de acceso a la vivienda”. “Estos problemas de accesibilidad y el actual tensionamiento en el mercado del alquiler residencial podrían mantenerse ante las dinámicas demográficas recientes y los datos más actualizados sobre construcción y rehabilitación de vivienda”.
En este sentido, el Banco de España considera “deseable” que las medidas adoptadas contemplen “un horizonte temporal amplio, involucren a las distintas Administraciones Públicas con responsabilidades en materia de vivienda y pongan un foco especial en el estímulo de la oferta de vivienda”.
Para el supervisor bancario, “la actual rigidez de la oferta de alquiler indicaría la necesidad de continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles y en el diseño de un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial por parte de los particulares y de agentes profesionalizados”.
Además, la asignación de los recursos “pudiera priorizar actuaciones sobre los colectivos más vulnerables y considerar otros ámbitos que afectan al mercado de la vivienda, como los relativos al funcionamiento del mercado de trabajo, al dinamismo de la productividad de la economía y a las políticas tributarias y de transporte”.
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